La situación de violencia y hacinamiento en las cárceles, que
ya son un clásico en Uruguay, suele estallar cada tanto poniendo en el tapete
las condiciones degradantes e indignas de los presos y presas, el maltrato
policial y hasta devela la complicidad de las fuerzas represivas con la
delincuencia organizada y las redes de trata y de corrupción.
La calamitosa
situación de las cárceles uruguayas es la demostración más descarnada y
profunda del carácter de clase de este estado que protege los derechos de los
poderosos y pisotea constantemente los de los más débiles. Esta situación
constituye una cuestión estructural de este sistema de explotación capitalista.
Las
cárceles en el
sistema capitalista integran el aparato represivo del estado que ejerce el
poder de una clase social, la burguesía. El revolucionario F. Engels lo llamaba
“destacamentos especiales de hombres
armados”
que ejercen el monopolio del poder público reproduciendo la dominación de
clase.
El último conflicto desatado
En 2010 fue en la cárcel de Rocha donde hubo un incendio y
los guardias se negaron a abrir las puertas. En aquel momento fueron 12 los reclusos
que murieron calcinados. Pero el Frente Amplio no hizo nada, o mejor dicho,
hizo eso.
El pasado 20 de abril un detenido hirió de bala a dos
policías en el penal Libertad, lo que motivó la reacción del cuerpo policial de
suspender las visitas. Esto desencadenó una verdadera crisis en el sistema
carcelario. La medida de “solidaridad” se extendió al Centro Metropolitano de Rehabilitación
(donde funciona una cárcel de mujeres) y al penal llamado Comcar. En una
verdadera actitud de venganza y totalmente provocadora, estos asesinos a sueldo
no tuvieron ningún problema en cortar las visitas una hora antes de la hora
estipulada y de impedir el ingreso de paquetes (vitales para garantizar la
ración diaria de comida, yerba y cigarrillos). A partir de ahí empezó la caza
de brujas: en las requisas fueron destruyendo todo lo que veían a su paso y
queriendo “ajustar cuentas” con los reclusos.
La respuesta no se hizo esperar: en la cárcel de mujeres
comenzaron los reclamos para que rehabiliten las visitas de sus hijos y
familiares. En el Comcar hubo motines que dejaron ver en imágenes las terribles
condiciones de detención, el hacinamiento y la mugre, la precariedad edilicia,
la dejadez completa, además de la prepotencia policial y el abuso de autoridad.
Consignas tan mínimas como mantas, comida y mejores condiciones edilicias eran
sus reclamos. No es algo nuevo: organismos
internacionales han puesto la mira sobre el sistema penitenciario uruguayo por
ser considerado uno de los más crueles e inhumanos, y donde la violación a los
derechos humanos es sistemática.
Los motines derivaron en la inutilización de dos módulos en
el Comcar producto de los incendios, lo que fue utilizado por las autoridades
del Ministerio del Interior, nuevamente como castigo y venganza, para obligar a
hacer dormir a más de 1200 presos en los patios del penal, expuestos a las
bajas temperaturas actuales, a la espera de que sean realojados. Mientras
tanto, el (ahora ex) Coordinador del Instituto de Rehabilitación, Eduardo
Pereyra Cuadra (un militar retirado) acusaba a los “narcos” de generar los
motines
desligándose de toda
responsabilidad institucional.
Afuera del Comcar también había bronca: por los que estaban
adentro, por la desinformación, por el manoseo, por el ninguneo, por el
desprecio. Los familiares cortaron la ruta pero fueron nuevamente reprimidos
por asesinos pertrechados y armados hasta los dientes. Otra vez las imágenes de
mujeres en edad avanzada, muy probablemente madres de quienes estaban
“adentro”, siendo corridas con palos y escudos por “robocops” entrenados para
matar.
Los altos mandos
políticos se desmarcaron de la medida policial, pero la dejaron correr,
avalando en los hechos el accionar criminal de las fuerzas represivas. Para
represtigiarse, realizaron algunos relevos de las autoridades carcelarias y del
sistema penitenciario, pero no se puede evitar que los políticos tienen responsabilidad.
Fue muy palpable la
postura del personal carcelario, de las autoridades y de los responsables
políticos en ejercer un “castigo ejemplar” a quienes se encuentran privados de
su libertad. El castigo de no ver a sus familiares ni de recibir paquetes
parece que “educa” según las autoridades frenteamplistas. Y que las
“represalias policiales” son justas.
El nefasto rol de los medios
Los medios de
comunicación también hicieron lo suyo: las imágenes de los motines
repetidas una y mil veces, mostrando cínicamente la bronca de los presos y
presas y de sus familiares operaba como una justificación para la represión
policial institucional. Han montado una campaña
de demonización de la pobreza que genera esa delincuencia en este sistema
capitalista, que a los ojos de la “gente bien” se traduce en un potencial
peligro y por lo tanto el escarmiento debe ser ejemplificador. La dureza de
esta campaña llega al límite de justificar el sacrificio de la vida de los
hijos de la pobreza porque son material descartable, porque no valen nada, y
pueden ser tratados como a perros, porque en definitiva son casi “animales”.
Son los mismos medios que fogonean con bajar la edad de imputabilidad de los menores infractores.
Reproducen el pensamiento de derecha, el que considera que la receta para los
males sociales es la represión, escondiendo las causas estructurales que
generan la delincuencia y que se encuentran justamente en las políticas
implementadas por los gobiernos blancos y colorados, y ahora también los
frenteamplistas, quien, por su parte, no son una alternativa a este
pensamiento, ya que le ceden todo el tiempo tratando de mantener a su
electorado de clase media contento.
La situación actual y la exigencia de la resolución de las demandas
mínimas
Hoy el clima en las cárceles es muy tenso e inestable, hay
presos durmiendo todavía en el patio del Comcar, hay presos en huelga de hambre
y la situación se complica día a día. La ofensiva del gobierno sigue al reprimir
cualquier intento de nuevo motín, y al impulsar causas penales contra quienes
participaron de los motines. Los policías reclaman que se les aumenten las
penas. Más escarmiento y venganza.
Los organismos de
derechos humanos, las organizaciones políticas, sociales y estudiantiles no
comprometidas con el gobierno ni con ningún partido patronal debemos
solidarizarnos con los reclamos de los presos y presas y de sus familiares
y repudiar enérgicamente la represión. Exigimos un trato humano para todas las
personas encarceladas. Por condiciones dignas de alojamiento, comida y
esparcimiento, posibilidad de estudio y trabajo. Y para que se agilicen las
causas de los presos y presas sin condena.
El carácter de clase del Frente Amplio
Pero el Frente Amplio no puede actuar de otra forma, porque
su sentido de ser siempre fue el de constituirse como un freno para la
radicalización de los trabajadores y la juventud. Su función fue la de una
mediación que se proponga como alternativa al desgate de los partidos de la
derecha pero sin cuestionar el régimen de dominación burguesa. Nunca quisieron
ser una alternativa al capitalismo, y ahora que son gobierno menos que menos.
Ahora lo que quieren es garantizar los buenos negocios de capitalistas tanto
nacionales como extranjeros, y para ello utiliza las fuerzas que concentran el monopolio
del ejercicio de la violencia, como todo estado burgués.
Los trabajadores y el pueblo uruguayo tienen que romper con el Frente
Amplio y conquistar la verdadera independencia política respecto de cualquier
variante patronal. En este camino, deberán construir su propia organización, un
partido revolucionario que permita tomar las reivindicaciones más sentidas de
los explotados y oprimidos y que pueda resolverlas bajo un gobierno de los
trabajadores y el pueblo.
Por Karina Rojas.
Mujica sigue reconciliándose con
los militares: ahora les da el control de las cárceles
¿Actuó diferente el gobierno del Frente Amplio, de lo que lo hubieran
hecho los gobiernos de la derecha blanca y colorada? En absoluto: en otra
imagen detestable el presidente José Mujica, el ministro de defensa Eleuterio
Fernández Huidobro y el ministro del interior Eduardo Bonomi debatían sueltos
de cuerpo qué hacer para apagar esta “papa caliente”.
Allí se les ocurrió
rescatar una ley de 2010 que
permite el
ingreso de los militares en los asuntos carcelarios. Los tres ministros,
que saben bien el poder represivo de los militares, que sufrieron en carne
propia la tortura y el encierro, son quienes ahora permiten que los militares
se entrometan en los asuntos internos. Esta ley permite que los militares
controlen la “guardia perimetral”
además del control de
ingreso y egreso de personal, visitas y objetos. Aunque prometieron no
“cachear” a los familiares sino solo a los reclusos, es claro que cada vez
quieren darle más atribuciones a las fuerzas armadas. Los efectivos castrenses
actuarán con pasamontañas para no ser identificados y no llevarán
identificaciones de sus nombres sino que se manejarán con “números”, a
propuesta del militarista Fernández Huidobro. ¿Qué tal? ¡Más impunidad que ésta
no hay!
Esta política es
totalmente coherente con la línea que vienen teniendo desde el gobierno: imponer la reconciliación con quienes
asesinaron, torturaron e hicieron desaparecer en los 70, y que hoy siguen
totalmente impunes más allá de alguna condena puntual que se cumple en cárceles
vips, muy lejos de las pésimas condiciones de las cárceles para pobres. Con el
verso de que “se acabó la impunidad” en
el Uruguay, el FA quiere dar vuelta la página.
También es coherente con
la política de seguridad que viene teniendo el FA: las mega razzias en los barrios más pobres, la violencia hacia tienen
ya vulnerados todos sus derechos.
Por último, la feroz represión en el Liceo 70
donde estudiantes, padres y docentes en una acción unitaria cortaban la ruta en
reclamo de cuestiones tan mínimas como baños y mejores condiciones edilicias,
fue la demostración de lo que el gobierno de Mujica es capaz de hacer, cuando
hay sectores que enfrentan sus políticas.
Por una verdadera legalización de todas las drogas: venta libre, control del estado de su calidad
