domingo, 21 de noviembre de 2010

Movilización y acto por Mariano Ferreyra

Video del acto realizado el viernes 12 de noviembre en la embajada de argentina en Montevideo.

Ante el debate sobre la Ley Interpretativa:

Cómo acabar con la Impunidad en Uruguay

En los últimos meses observamos cómo los políticos de todos los partidos, juristas, periodistas y militares debaten y discuten los alcances de una ley interpretativa de la Ley de Caducidad que supuestamente terminará con la impunidad. Pero la ley que impulsa el gobierno es para no hacer lo que verdaderamente deberían hacer que es anular la Ley de Caducidad, aprovechando la mayoría parlamentaria que todavía mantienen.

El proyecto de ley, aunque podría habilitar el acceso a que quienes fueron torturados durante la dictadura puedan denunciarlo, tiene los mismos vicios jurídicos que la ley que quiere dejar sin efecto, lo que no garantiza su viabilidad y daría incluso posibilidad a los mismos militares a presentar innumerables amparos para evitar ser juzgados.

Sin embargo el FA no pudo sumar los votos suficientes para votarla en el Senado (porque los mismos frenteamplistas se dieron vuelta) por lo que ahora mandaron la ley “al cajón de los recuerdos” y patean la discusión para… ¡marzo del año que viene!

Ya hay voces del mismo partido de gobierno que quieren volver a llevar la lucha contra la impunidad hacia el callejón sin salida de una nueva consulta popular, confiando en mecanismos de esta democracia, totalmente manipulados y controlados. ¡Basta! La lucha por nuestros caídos, el repudio a la dictadura y la exigencia de justicia NO se plebiscitan!! Estamos convencidos de que el fin de la impunidad solo será posible con la más amplia movilización en las calles, independiente del gobierno y el régimen.

Las organizaciones populares, los organismos de derechos humanos y todos quienes luchamos por acabar realmente con la impunidad, no debemos dejarnos engañar y pensar ingenuamente que un nuevo plebiscito significará el Juicio y Castigo para todos los culpables.



Los partidos del régimen quieren garantizar la impunidad

Tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional son los voceros de la derecha más rancia, defendiendo la aplicación de la Ley de Caducidad, oponiéndose a que cualquier medida tenga un efecto retroactivo en el tiempo, y todo en pos de preservar la famosa “seguridad jurídica”. Lacalle, Ana Lía Piñeyrúa y Bordaberry entre otros han salido con los tapones de punta a defender la impunidad de sus amigos, los milicos represores. Y han sacado a relucir la teoría de los dos demonios, como la idea de que lo que pasó fue un “enfrentamiento irracional” entre dos bandos armados, justificando así el accionar represivo.

Pasó también el escándalo a partir de las nefastas declaraciones del Jefe del Ejército Jorge Rosales, quien se opuso a la sanción de la misma defendiendo la vigencia de la Ley de Caducidad. Claro, no quiere que sus “camaradas” tengan que pasar por los tribunales. Y, como no podía ser de otro modo, los ex presidentes Sanguinetti y Battle por un lado, y los militares retirados por otro han manifestado su oposición a que se siga insistiendo con el juicio a los responsables de la última dictadura, y todos hicieron un frente único a favor de la impunidad.

Pero también sectores al interior del Frente Amplio como Nin Novoa, Saravia, Fernández Huidobro y otros han manifestado su negación a votar por la Ley Interpretativa. Pero no hay que confundirse: ellos no son la “excepción” de derecha en el Frente Amplio. Dentro de esta coalición todos se cuidan por permanecer juntos, tanto las expresiones más de derecha que representan a los sectores más acomodados y reaccionarios de la sociedad (los patrones y dueños de las fábricas, frigoríficos y curtiembres, los grandes terratenientes, los Fripur, los Manini Ríos y los López Mena, que en otros momentos apoyaron los gobiernos blancos y colorados) como las corrientes internas que de la boca para afuera se oponen a seguir garantizando la impunidad, como el Partido Comunista, que en el movimiento obrero siempre intentan llevar toda lucha al terreno institucional evitando lo más posible la lucha y acción directa (lo vimos en el último paro general de octubre). Todos son el Frente Amplio, y justamente este es el sentido de ser de esta amplia coalición: lograr ejercer una representación y una convivencia pacífica entre sectores aparentemente tan contrarios.



El gobierno de Mujica con sus acciones, omisiones, conductas y declaraciones demuestra que no quiere la condena a la dictadura, todo lo contrario, ha dado movimientos explícitos por la reconciliación y el perdón, por “dar vuelta la página” y dejar este tema en el pasado. Así lo ha dicho Mujica, traicionando la lucha y la memoria de sus propios compañeros asesinados y torturados, hoy insiste en una supuesta pacificación que no es más que una forma de no condenar el accionar represivo del estado en el pasado y de paso dejar la puerta abierta para que esto pueda volver a suceder. En realidad, desde el Pacto del Club Naval en adelante, el FA ha dado claras señales de que no está dispuesto a ir a fondo para condenar a los responsables civiles y militares.



Si hoy están tratando esta ley de interpretación es porque no quieren quedar escrachados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si Uruguay no resuelve la situación a partir de la vigencia de la Ley de Caducidad podría ser sancionado y catalogado al mismo nivel que países como Colombia, por ejemplo, donde sistemáticamente se violan los derechos humanos.



Por eso buscan con negociaciones por arriba, ya sea dentro del Frente Amplio como con la oposición y fundamentalmente con el sector castrense, consensuar un proyecto de ley que limite lo más posible cualquier atisbo de enjuiciamiento dejando bien en claro que si alguno va preso va a estar en una cárcel VIP llenos de privilegios y comodidades; mientras las cárceles se llenan de hijos de los sectores obreros y populares, hacinándose en condiciones inhumanas que ya fueron denunciadas internacionalmente. Son negociaciones para mantener la impunidad, juzgando a unos pocos (y los más reconocidos) militares asesinos y torturadores, desconociendo totalmente la voluntad popular y el sentimiento de justicia que todavía, a más de 30 años, persiste en los trabajadores y en amplios sectores de la sociedad uruguaya.

Esta es lamentablemente la verdadera cara del gobierno “de izquierda” que quiere hacernos creer que va a acabar con la impunidad cuando en realidad pretende lavarse la cara permitiendo algunos de los juicios más emblemáticos (como el caso Gelman). Un gobierno que trata de no asustar a asesinos confesos, apologistas de la dictadura y del Terrorismo de Estado.



El conjunto del régimen político, desde el Pacto del Club Naval a esta parte, mantiene a raya la pelea por develar el siniestro plan sistemático de persecución y aniquilamiento de la vanguardia obrera y popular que se dio a partir de la dictadura cívico-militar, que centralmente en nuestro país se basó en la cárcel de miles de luchadores sindicales, barriales y estudiantiles, y que fue parte de un plan mayor, el Plan Cóndor, un plan de exterminio en toda la región.



Reconciliación para preservar a las Fuerzas Armadas

Desde la reapertura democrática todos los partidos del régimen nos hicieron creer que la lucha no era con la movilización en las calles sino a través de las instituciones de esta “democracia” y que con los referéndums y plebiscitos podríamos satisfacer nuestro reclamo de justicia. Ellos han querido en todos estos años que el tema se dilate, que la sociedad se acostumbre a que los asesinos y torturadores puedan caminar por la calle libremente, a tener que escucharlos vociferar sus discursos fascistas los días 14 de abril defendiendo la teoría de la “lucha contra la sedición”. Han intentado que nos cansemos de exigir justicia. Sin embargo nosotros sabemos que el único camino para juzgar todos los crímenes de la dictatura, asesinatos, torturas, desapariciones, exilios forzados, delitos económicos, etc., es la lucha y la movilización independiente de los trabajadores y el pueblo.

Sabemos que la sanción de una ley no garantiza en sí mismo que vayan a juzgar a los militares ni que los jueces actúen “de oficio” desarchivando causas ya cerradas, ni que se impulsen los juicios, ni que se den garantías a las víctimas, nadie quiere esto, solo pretenden realizar algún cambio cosmético presionados por circunstancias “internacionales” y favoreciendo la cooptación de determinados sectores de los derechos humanos y dar así una respuesta final a este tema tan sentido por todos.

Ya tenemos el caso de Argentina donde se derogaron las leyes de Obediencia debida y Punto final, pero eso no sirvió para impedir que hicieran desaparecer a Jorge Julio López o que asesinaran Silvia Suppo. La operación política fue juzgar a unos pocos militares, los más emblemáticos y mantener intacta la estructura de los genocidas que hoy continúan en actividad en distintas fuerzas de seguridad. Esta operación sirvió al mismo tiempo para cooptar a las principales organizaciones de DDHH de ese país y así desviar y fragmentar al movimiento de DDHH en su pelea por acabar definitivamente con la impunidad de los militares genocidas y la complicidad de los civiles. El objetivo último es el de intentar represtigiar a las fuerzas armadas, mediante la “reconciliación”, para ser utilizadas cuando se precisen.



El Frente Amplio también tiene los mismos objetivos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el FA en el poder (y ya en su segundo período) se convirtió en administrador de los negocios de los capitalistas, ya sean estos extranjeros o nacionales, y se dedica a votar leyes que los favorezcan y a garantizar sus márgenes de ganancias con exenciones impositivas, manteniendo a raya el reclamo de aumento de salarios, desatendiendo las causas populares y continuando el religioso pago de la deuda externa a los organismos financieros internacionales. Para este proyecto de país necesita de los servicios de las Fuerzas Armadas que son uno de los pilares fundamentales de este estado. Necesitan a las fuerzas represivas prontas y amigadas con la sociedad para sacarlas a las calles ante cualquier manifestación popular que cuestione el sistema. Más aún, si la crisis económica internacional comienza a repercutir negativamente en nuestro país veremos cómo el gobierno de turno decide utilizar la represión para acallar los reclamos de los trabajadores contra los salarios de hambre, de los estudiantes por mayor presupuesto, de los cooperativistas, de los jubilados, etc.

Por eso sabemos que todo el sistema político apunta en el sentido de sellar la impunidad y “cerrar las heridas del pasado” para que podamos reconciliarnos con aquellas fuerzas armadas que ayer perpetraron el golpe y cometieron todo tipo de crímenes de lesa humanidad, y hoy se mantienen con personal formado por los viejos fascistas y que se expresa en la prepotencia y el abuso de autoridad que vimos, por ejemplo, en el caso de Piriápolis y en tantos otros aprietes sistemáticos contra la juventud y que están olvidados por los medios masivos de comunicación. Si hasta organizan torneos de deporte y todo tipo de actividades sociales junto al Comando del Ejército, haciéndolos pasar como “militares buenos y al servicio de la comunidad”. Si esto no es reconciliación, ¿qué es?

Insistimos, el problema de la ley Interpretativa no es la redacción, si le sacan una coma o le agregan un punto, si es genérica o se aplica a cada caso; el problema es que es una ley hecha y negociada entre cuatro paredes para no quedar mal ante la CIDH.



Debemos redoblar la lucha contra la impunidad y los intentos de reconciliación

Sabemos que lo que se ha conseguido hasta la fecha fue solo producto de la lucha que nunca hemos abandonado y la movilización en las calles: marchas, escraches, concentraciones, mesas de debate y reflexión, actividades culturales, todas fueron expresiones populares del reclamo de cárcel a los militares que todavía sigue vivo en nuestro pueblo.

Por eso para meter en cana a estos asesinos es necesario redoblar la lucha en las calles, discutiendo en cada lugar de trabajo, en cada liceo y facultad, en cada oficina pública, debatiendo democráticamente, desde abajo, qué pasos damos para impulsar una masiva movilización y todo tipo de acciones por el juicio y castigo. Tanto los trabajadores, que venimos de realizar un paro general, como los estudiantes que también se han movilizado por el 6% para la educación tienen la fuerza para impulsar en común una importante movilización. Hay que imponérsela a las direcciones sindicales y estudiantiles, que son la correa de transmisión de la política frenteamplista en nuestras organizaciones.

Hace falta impulsar la organización de quienes estuvieron presos, quienes fueron torturados, quienes sufrieron abusos y violaciones sexuales (como muchas mujeres), quienes fueron víctimas de vejámenes y malos tratos, y a los familiares directos y rodearlos de solidaridad. Hay que desarrollar una gran movilización para juzgar a los militares por todos los crímenes, para que se protejan a los testigos y a las víctimas: reparación es también garantizar que puedan sentirse seguros y contenidos ya que la herida es profunda y ha calado hondo en nuestra sociedad. Hace falta abrir los archivos de la dictadura para saber los nombres de quiénes participaron. Hay que permitir la excavación de fosas para saber el destino de nuestros desaparecidos.

Está en nuestras manos continuar la lucha por:

• Anulación ya de la Ley de Caducidad


• Juicio y Castigo a todos los culpables


• Cárcel común para los responsables del Terrorismo de Estado


• No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos


• Nunca más Terrorismo de Estado



Grupo simpatizante de la

Fracción Trotskista – Cuarta Internacional (FT-CI) en Uruguay

Lea http://debatemilitante.blogspot.com/

martes, 2 de noviembre de 2010

Ante el asesinato de Mariano Ferreyra

Declaración

Desde el Grupo simpatizante de la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional (FT-CI) en Uruguay nos hacemos presentes en este Acto** para expresar nuestro más enérgico repudio a la represión sufrida por los trabajadores ferroviarios que dejó el saldo de un joven compañero asesinado a manos de una patota de la burocracia sindical perteneciente a la Lista Verde y encabezada por Pedraza.


Este terrible hecho se dio en el marco de una tenaz lucha de los sectores más precarizados de los ferrocarriles que están reclamando por mejores condiciones de trabajo y contratación, por que dejen de ser considerados trabajadores de “segunda o tercera categoría”, por tener los mismos derechos que los efectivos, es decir una lucha contra la precarización laboral y contra las leyes neoliberales votadas en tiempos de Menem y De la Rua. Son los “por agencia”, los contratados, los tercerizados quienes se encuentran peleando contra una patronal defendida por el kirchnerismo y por la burocracia sindical, que no solo boicoteó en todo momento su lucha sino que ha llegado a acciones como éstas.

Los compañeros trabajadores, que son expresión del llamado “sindicalismo de base”, pese a las restricciones y la inestabilidad de su condición laboral, pudieron organizarse, juntarse a debatir, votar un plan de lucha en asamblea, de forma democrática, y esto es lo que le da bronca a estos matones: que el movimiento obrero se organice y pelee por sus derechos.

Es demostración también de la unidad obrero estudiantil que sectores del movimiento obrero argentino han comenzado a forjar con los estudiantes combativos, que también han salido a luchar por mayor presupuesto para la educación generándole una crisis de importancia al gobierno kirchnerista. Mariano, el joven fallecido de un balazo, era estudiante de la FUBA y se había solidarizado con la lucha obrera.

El brutal ataque demuestra una vez más que estos dirigentes sindicales, no solo no defienden los derechos de los trabajadores sino que tienen miles de lazos económicos y políticos con los patrones. Son los famosos dirigentes sindicales “empresarios” que manejan millones de pesos a partir de la administración de las obras sociales y que viven de la coima y los negociados. Son los que Cristina Kirchner saludó y alabó hace pocos días en un acto, agradeciendo los servicios prestados a las patronales y al gobierno. No nos extraña de esta burocracia sindical que entregó las famosas “listas negras” en la dictadura, marcando a los activistas y militantes de izquierda en las fábricas y lugares de trabajo.

¡TENEMOS QUE ACABAR CON ESTA MALDITA BUROCRACIA SINDICAL!

¡EXIGIMOS QUE SE ESCLAREZCA EL HECHO Y QUE SE JUZQUEN A LOS RESPONSABLES!

HACEMOS RESPONSABLE A LA PRESIDENTE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER Y A LA POLICIA QUE LIBERÓ LA ZONA DE LO OCURRIDO.

¡BASTA DE PERSECUSION Y REPRESION A LOS QUE LUCHAN!

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES FERROVIARIOS Y DE TODA LA CLASE OBRERA!







GRUPO SIMPATIZANTE DE LA FT-CI EN URUGUAY

**Esta declaración fue leída en el acto del día jueves 21 de octubre en la plaza libertad.