20 días de Huelga metalúrgica

Notas para un balance de la huelga metalúrgica

Los trabajadores a la huelga

En el último mes sin duda uno de los temas centrales fue el conflicto de los trabajadores metalúrgicos. Este tema, junto a las declaraciones de Vázquez con respecto al conflicto con Argentina por las plantas de celulosa, el Congreso del PIT-CNT y los otros conflictos obreros en curso, han estado en el centro de la opinión pública a nivel nacional. El conflicto comenzó luego de más de un año de negociación colectiva frustrada por intransigencia de la cámara patronal. Los trabajadores dentro de su amplia plataforma reivindicativa tenían como ejes centrales: 1,5% de recuperación salarial, reducción de la jornada laboral a 44 hs semanales sin reducción salarial, una nueva escala de categorizaciones y $14.000 de salario mínimo para el sector (menos de la mitad de la canasta básica). A principios de Octubre, con un fuerte empuje desde la base, se comenzó a hacer efectiva la huelga metalúrgica, medida que afectó zonas estratégicas de la industria uruguaya como la refinería de ANCAP (lo que demuestra la capacidad y la centralidad de la clase obrera para mover y paralizar la economía capitalista en su conjunto), donde el gobierno a pocos días de comenzada la medida amenazó con decretar la esencialidad del servicio.
En un principio los trabajadores en asamblea habían votado la ocupación de las plantas fabriles, esto se hizo efectivo en más de 60 plantas y talleres. La patronal mientras tanto adoptó una postura por ellos llamada de “resistencia pacifica”, que de pacífica no tenía nada, ya que apoyándose en los carneros recurrieron a la justicia para lograr el desalojo por la vía legal de las ocupaciones por violación del derecho de propiedad y del derecho al trabajo para los carneros. Ante este panorama los trabajadores en asamblea decidieron levantar las ocupaciones una vez llegaran los cedulones a los establecimientos y montar piquetes en la puerta de las fábrica desocupadas como forma de sostener la lucha. Esto contra la postura de la dirección mayoritaria de la UNTMRA(1) que estaba por levantar todas las ocupaciones y pasar a los piquetes independientemente de los fallos judiciales.

Por un “país de primera”… para los patrones
La medida de los obreros metalúrgicos se debe a que han sido ocho años de crecimiento económico récord en un contexto internacional favorable que no ha significado una mejora sustancial en el nivel de vida de los trabajadores. Muy por el contrario, este “modelo” le ha permitido a los capitalistas nacionales e internacionales enriquecerse como nunca antes a cambio de más tercerización laboral y salarios bajos (a nivel nacional casi 900 mil trabajadores perciben menos de 10 mil pesos al mes, menos de un cuarto de la canasta básica familiar). Esto último en el sector metalúrgico se expresa en los nuevos pequeños y medianos talleres (los cuales proveen productos para otros sectores de la industria) basados en fuerza de trabajo remunerada por debajo incluso de los laudos del sector, apoyados en la escasa o casi nula organización sindical al interior de los mismos. Primero fue Batlle, luego Vázquez, y ahora Mujica los garantes de este modelo de mega-ganancias empresariales (2) apoyado sobre el trabajo precario, tercerizado y la superexplotación de la mano de obra que tiene sus raíces en el ataque a las conquistas obreras perpetrado desde la dictadura y luego profundizado y promovido por los partidos tradicionales Blanco y Colorado en las décadas de 1980 y 1990, y ahora, como dijimos, garantizado por el FA.

Los trabajadores mostraron gran disposición a la lucha... pero la dirección no quiso tanto.
Los trabajadores en estos más de 20 días de huelga han demostrado gran disposición a la lucha. Se ha logrado la solidaridad de otros gremios, se han hecho masivos festivales para recaudar fondos para sostener el conflicto. Lamentablemente la dirección de Abdala (del Partido Comunista Uruguayo, PCU) y el PIT-CNT aplazaron el paro general primero, y lo suspendieron después por dos motivos principales: su desesperación por cerrar el conflicto cuanto antes, aún renunciando a la posibilidad de hacer efectivo un paro general que le de un envión a la lucha y negociando los puntos de la plataforma a la baja; y el segundo motivo es que prefirieron hacer todo lo primero para que no se les vaya este conflicto y otros de las manos (cabe destacar que los empleados públicos ya votaron ir a conflicto, los trabajadores de Phillip Morris siguen la lucha contra el cierre patronal, la banca oficial sigue su conflicto, etc.) y así poder encarrilar toda la conflictividad obrera hacia las oficinas del Ministerio de Trabajo.
Lejos de confiar en las fuerza de los trabajadores para sostener y profundizar la lucha (fuerzas que demostraron con creces en las sucesivas movilizaciones por la avenida principal: 18 de julio), hicieron confiar a los trabajadores en las fórmulas ministeriales (como si el Ministerio fuera a intervenir en favor de los trabajadores!), subordinando la movilización a las mesas citadas por el gobierno. Los principales impulsores de esta política fueron Abdala, Castillo (ambos del PCU) y el conjunto de la dirección del PIT-CNT.
Un paro general contundente con movilización le hubiera dado el empujón que la lucha necesitaba, y hubiera sido el puntapié inicial para una campaña unificada para el triunfo de todos los conflictos en curso, no solo el metalúrgico. Pero una vez más la dirección del PIT-CNT ha mostrado cuál es la lógica que prima: no molestar al gobierno frenteamplista e intentar maniobrar entre la (des)movilización y la negociación para bajar y controlar las expectativas de los reclamos obreros. Podría haber sido el inicio de una campaña de movilizaciones contra la política gubernamental privatizadora de las PPP (cosa a la que la dirección mayoritaria de la central obrera se ha negado rotundamente a causa de su ligazón con el gobierno y su política de sostenimiento de este), contra la tercerización y la precarización laboral, y por un aumento general de salarios al nivel de media canasta básica familiar, para que la crisis que se avecina la paguen los capitalistas y no los trabajadores.
El resultado de la lucha fue que se conquistaron algunos puntos importantes como los ajustes por inflación sumado a un margen de recuperación salarial de 3%, y también se consiguió de forma gradual el piso de salario mínimo de 14 mil pesos (aunque con la trampa del presentismo incluido) a Junio de 2013 . Sin embargo, creemos que podría haberse conseguido más dada la importante disposición a la lucha de los trabajadores metalúrgicos y la posibilidad de rodear de solidaridad el conflicto a días de concluido el Congreso del PIT CNT y de varios conflictos en curso en otros sectores (bancarios, tabacaleros, trabajadores estatales, etc.). Esta perspectiva sólo fue impedida por la política de la dirigencia burocratica de la central obrera (sobretodo fue la política de las corrientes mayoritarias: Partido Comunista y Articulación). Esta burocracia, defensora de la conciliación con patrones y gobierno, y enemiga acérrima de la democracia obrera y la autoorganización de los trabajadores, será el gran escollo a superar por los trabajadores en las futuras luchas para avanzar en conquistar su independencia política.

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1. Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afínes
2. Nos referimos al “modelo” en el que la burguesía se basó para obtener grandes ganancias en el período de crecimiento económico posterior a la crisis económica de 2002 con Jorge Batlle en el gobierno.

 Nota publicada en la página Web de la
Fracción Trotskista -Cuarta Internacional www.ft-ci.org
el miércoles 02 de noviembre de 2011.

Parlamento impide prescripción de los crímenes de la dictadura

El pasado 27 de octubre el Parlamento aprobó, únicamente con los votos del gobernante Frente Amplio, la ley que elimina la prescripción de los crímenes de la dictadura que vencían el 1º de noviembre, declarándolos de lesa humanidad y restaurando la pretensión punitiva del estado.
La Ley oficialista: sus aspectos progresivos y sus límites
Esta nueva ley tiene el punto progresivo de impedir que los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado prescriban, ya que los considera de lesa humanidad. Se ajusta así a los tratados internacionales ratificados por Uruguay (Pacto de San José de Costa Rica). También le da una resolución al caso Gelman ajustándose a la sentencia de la CIDH contra el estado uruguayo. Sin embargo, no anula específicamente la Ley de Caducidad, todavía vigente, por lo que deja un vacío jurídico que seguramente será usado por los militares para apelar su inconstitucionalidad. Al estar en vigencia las dos leyes (la de Caducidad y esta nueva) se deja a criterio de cada juez (y de la Suprema Corte) la decisión en cada caso particular acerca de cuál de las leyes hay que aplicar. Esto es un problema ya que hay sobradas muestras de que la Justicia no es “independiente” como se dice y que no prioriza la defensa de los derechos humanos (muchas veces ha fallado en su contra), y sí aplica todo su rigor cuando se trata de los delitos “contra la propiedad” como las ocupaciones a empresas y edificios públicos, como sucedió durante el conflicto de los metalúrgicos.
Ya antes de promulgar la ley, el presidente José Mujica adelantó cuál era su verdadera intención: tirar la pelota al Poder Judicial en un tema de tanta relevancia. "Los problemas jurídicos tienen varias bibliotecas" dijo, y agregó: "Alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida" . Mientras que Lucía Topolansky (del MPP, integrante del Frente Amplio y esposa de Mujica) confió que está pensando cómo sortear la misma ley que ellos votaron, y presentará un proyecto que incluya en el beneficio de excarcelación domiciliaria a los militares mayores de más de 70 años .
Por su parte, los dos partidos tradicionales Nacional y Colorado – que históricamente representaron a la burguesía y al imperialismo que pidieron el golpe - y el Partido Independiente, cuestionaron desde una posición reaccionaria, la constitucionalidad de la nueva ley, aunque intentaron no quedar como defensores explícitos de los militares. Pero esta postura coincide con los argumentos de los represores, que ya están amenazando con emprender juicios contra militantes de izquierda por supuestos “crímenes” cometidos en aquella época. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa José Bonilla descartó cualquier información sobre los desaparecidos: "Quienes algo sabían, podían, a partir del 1° de noviembre, con la libertad que da la prescripción de los delitos, aportar datos importantes… la información no se va a aportar por temor a ir preso" . Declaraciones estas cargadas de cinismo porque ratifican, como siempre denunciaron los organismos de derechos humanos y las víctimas, que ellos cuentan con muchísima información que en todos estos años no han aportado, ni antes, cuando los defendía la Ley de Caducidad, ni lo harán ahora.
Las primeras demostraciones por el fin de la impunidad
Pocas horas después de promulgada la ley se presentaron múltiples denuncias contra represores, algunas de las cuales terminaron en procesamientos (cinco por el caso Gelman) . Una veintena de mujeres ex presas políticas presentaron denuncias sobre abusos sexuales, torturas y detenciones arbitrarias, es decir delitos de los que nunca se había hablado. En Salto hubo seis denuncias de militantes del PCU que estuvieron presos. Ya suman unas 300 las denuncias realizadas. Organizaciones como la FEUU prestan su apoyo a familiares y ex presos para iniciar procesos legales. La Facultad de Ciencias Sociales se mantuvo ocupada por una semana por este tema. Estos primeras reacciones de las víctimas, familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos pueden ser un importante primer paso en la lucha por encarcelar a estos asesinos, sabiendo que será necesario organizar una lucha más amplia, coordinar acciones y convocar a una movilización en las calles que le imponga a la justicia y todos los partidos, incluyendo el propio Frente Amplio, el castigo a los represores.
El Frente Amplio y su responsabilidad en la impunidad
Con esta ley el FA queda posicionado como uno de los principales luchadores contra la impunidad, frente a un amplio sector de nuestra sociedad, muchos de ellos jóvenes, que desde siempre se han expresado contra los represores (especialmente en el plebiscito de 2009) y que esperaban algún tipo de acción de parte del partido de gobierno. Así, el FA intenta resolver una demanda histórica estructural y represtigiarse ante su base, después de haber tenido varios intentos por lavarle la cara a las fuerzas armadas (recordemos los llamados constantes de Mujica a la reconciliación y al perdón). Pero desde la salida de la dictadura y durante todos estos años, las fuerzas que componen el Frente Amplio han garantizado la preservación del aparato militar intacto, han realizado pactos como el del Club Naval (y otros secretos) donde prometieron la impunidad de los militares a cambio de una transición pactada a la democracia burguesa. Durante todos estos años el FA se ocupó de evitar la movilización llamando a confiar en plebiscitos y llevar a un nivel de desmoralización y pasividad a familiares, víctimas y organizaciones sociales. Sin embargo no han podido sacarnos totalmente de las calles ni hacernos bajar las banderas del Juicio y Castigo. La lucha sigue firme y ahora hay que continuarla.
Nuevamente: sobre el rol de las Fuerzas Armadas
La dictadura cívico-militar uruguaya fue una ofensiva de la clase dominante y el imperialismo, que en el marco del Plan Cóndor llevaron a cabo la destrucción y en algunos casos el exterminio de la vanguardia de luchadores revolucionarios de la época y así frenar el ascenso encabezado por la clase obrera. Los más de 5500 presos políticos fueron en su mayoría obreros, maestras, funcionarios, bancarios, dirigentes sindicales y de sectores que protagonizaron la resistencia a la dictadura (cono ejemplo tenemos la huelga general de 14 días). Ellos constituyeron el principal blanco de la represión. Tener presente esto, es tener presente el rol reaccionario que cumplen las FFAA como institución al servicio de la clase dominante y el imperialismo para reprimir toda lucha social que cuestione el régimen imperante.
Durante estos últimos años, el FA intentó lavarle la cara a las fuerzas armadas, exculpándolas de su pasado represor y dejándolas prontas para su eventual utilización cuando sea necesario. Muestras de esto son la participación en “misiones de paz” como en Haití donde tras la careta “humanitaria” ocupan, abusan y reprimen al pueblo. O la utilización como rompe huelgas como vimos contra los trabajadores de ADEOM el año pasado. O la represión a los jóvenes marginales con la excusa de la delincuencia.
La lucha por el Juicio y Castigo se gana en las Calles
Hasta ahora la cantidad de represores juzgados es irrisoria: algo más de una docena de más de 400 responsables denunciados. Lo mismo en el hallazgo de restos de desaparecidos: se han encontrado una ínfima minoría de un total de doscientos desaparecidos uruguayos en todo el Cono Sur . Inclusive muchos de estos represores hoy continúan en actividad, por culpa de la impunidad. Frente a esto, debemos organizarnos de forma independiente de todos los partidos tradicionales (inclusive del Frente Amplio) y tomar las calles. Es la única manera de lograr el Juicio y Castigo a todos los represores y quebrar los intentos de imponernos el olvido y la reconciliación. Las organizaciones de DDHH, el PIT-CNT, los estudiantes y sectores populares debemos encarar una profunda campaña de organización y lucha para acabar con la impunidad. Exigir que se abran los archivos de la dictadura para saber quiénes fueron los torturadores, quiénes estaban a cargo, qué pasó con nuestros desaparecidos y cuáles fueron los pactos secretos de aquella época. No podemos confiar en la misma Justicia y las mismas instituciones que garantizaron la impunidad estos años, solo la movilización independiente en las calles podrá garantizar la anulación de la Ley de Caducidad y que se juzgue efectivamente a los militares represores.
Luchar por el juicio y castigo y contra la reconciliación, es luchar por los compañeros caídos o que sufrieron en carne propia la prisión y la tortura, es luchar por sus familiares que arrastraron por décadas la injusticia de no saber dónde están sus familiares. Es luchar también por el futuro, en contra de los aparatos represivos del estado siempre dispuestos a aplastar toda protesta social, es luchar por señalar y tener bien presente en la memoria el verdadero rostro de la burguesía nacional y el imperialismo, asesinos y hostigadores de luchadores revolucionarios y de la clase trabajadora.

Sebastian Hesse y Karina Rojas
artículo publicado en www.ft-ci.org
el 03/11/2011