BASTA DE REPRESIÓN. SOLIDARIDAD CON EL LICEO 70

COMUNICADO DE LA AGRUPACIÓN UNIVERSITARIA TESIS XI

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - UDELAR

Ha caído el velo de este supuesto gobierno de izquierda y ha desnudado su carácter clasista. La feroz represión del miércoles 28 de marzo mostró cuál es su verdadera intención: desmantelar la educación pública, vaciarla de todo contenido crítico, reconvertirla al servicio de la ganancia empresaria y reprimir a quien se interponga ante este objetivo. Los medios mostraron cómo las fuerzas represivas se ensañaban con quienes cortaban la ruta como forma de poder manifestar sus reclamos, con palos, balas de goma directo al cuerpo, golpeando a los manifestantes inclusive después de haberlos detenido. El gobierno quiso ejemplificar con esta represión qué pasa cuando alguien se interpone en la implementación de sus políticas liberales, y acostumbrarnos a la criminalización de la protesta social. ¡Repudiamos la feroz represión!

Se reprimió a docentes, alumnos y padres que reclamaban cuestiones básicas como más baños (en especial para las adolescentes), agua potable y mejores condiciones edilicias, en uno de los liceos con mayor nivel de matrícula donde concurren estudiantes de los sectores más humildes de la capital, los hijos e hijas de trabajadores. Sin embargo, la situación del Liceo 70 no es ni mucho menos la única: hay decenas de escuelas y liceos que se caen a pedazos, por falta de mantenimiento y de presupuesto para la educación. Hay una crisis en el sistema educativo, y el gobierno frenteamplista también es responsable.

Esta represión desnuda que el acuerdo interpartidario entre el gobierno y la derecha es contra la educación pública. Programas como el ProMejora y otros, recetas todas del Banco Mundial, apuntan a bajar el nivel educativo, a fomentar el financiamiento privado y transformar la educación en una mercancía, siguiendo el modelo chileno que tanto le gusta a Mujica y a la derecha uruguaya. También en la Universidad estamos viviendo un ataque con la implementación de la Reforma Universitaria, que ya modificó los planes de estudio de varias carreras y pretende generar diferencias entre los títulos, elitizando aún más la educación.

Bonomi es responsable por la represión y se tiene que ir ya mismo. No dudó en mandar a las fuerzas represivas que se mantienen desde la dictadura y que hoy se encargan de las mega razzias. Son las mismas fuerzas que aprendieron de la tortura, la violación y el asesinato sistemático, que hicieron desaparecer a luchadores en los ‘70, y que hoy siguen intactas gracias a la Ley de Caducidad avalada por todas las fuerzas políticas. Mujica, por su parte, en una actitud totalmente derechista, justificó la represión criminalizando a quienes luchan y tildándolos de “radicales”, “revoltosos” o “infiltrados”. Tenemos que oponerle a este discurso una reivindicación de todos los sectores que salen a la lucha en la defensa de sus derechos.

Criticamos también que la dirección del PIT-CNT y algunos sectores de los gremios de la educación hayan salido a distanciarse de las medidas de lucha llevadas adelante en el liceo 70, dejando aislados (y expuestos) a quienes salen a luchar y demostrando (una vez más) la connivencia y articulación en la acción con este gobierno. Defienden más al “compañero” Mujica (como le gusta decir a Juan Castillo) que a los propios trabajadores a los que dicen representar. Tenemos que romper con esta política de seguidismo al gobierno nacional, y de seguir subordinando los intereses de la clase obrera al sostenimiento del gobierno frenteamplista, representante de los intereses de las multinacionales y la burguesía local. Tenemos que conquistar una verdadera independencia política de la clase obrera.

No hay ningún “gobierno en disputa”, el gobierno frenteamplista cumple una sola función: administrar y gobernar al servicio del capital y el aumento de sus ganancias, presentándolas como de interés nacional, a través de la sanción de leyes a su favor y de la imposición de la fuerza.

BASTA DE REPRESIÓN A L@S QUE LUCHAN.

COORDINAR LA LUCHA ENTRE TODOS LOS SECTORES EDUCATIVOS.

CONVOCATORIA A UN PARO NACIONAL DE TODA LA EDUCACIÓN.

POR AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN AL 6%.

PLATA PARA LA EDUCACIÓN, NO PARA PAGAR LA DEUDA EXTERNA NI PARA EXONERAR DE IMPUESTOS A LOS GRANDES CAPITALISTAS.

LA BANCA OFICIAL EN LUCHA

 POR LA CONTINUIDAD DEL CONFLICTO PARA DEFENDER LAS CONQUISTAS OBRERAS.
ASAMBLEA, ORGANIZACIÓN Y LUCHA. POR UNA POLÍTICA ALTERNATIVA A LA BUROCRACIA SINDICAL FRENTEAMPLISTA.

EL FRENTE AMPLIO HA DECIDIDO ATACAR A LAS Y LOS TRABAJADORES

La virulencia y saña que ha tenido el gobierno de Mujica con el conflicto bancario durante el último tiempo ha sido la muestra del giro a la derecha de este segundo gobierno frenteamplista encabezado por Mujica y Astori, que viene pactando con los partidos tradicionales (Partido Nacional y Partido Colorado) en decisiones importantes sobre las empresas del estado y las políticas educativas. Así, juntos, han procurado: modificar las condiciones de trabajo en la administración pública en detrimento de la masa salarial (Reforma del Estado, aumento de horas, recortes presupuestarios), transformar (aún más) el modelo educativo vigente haciéndolo más elitista (ProMejora), permitir el ingreso de los capitales privados en las empresas públicas a partir de las PPP (privatización de AFE), favorecer y promover las inversiones extranjeras rematando el patrimonio nacional y los recursos naturales (Montes del Plata, Megaminería), y un largo etcétera. Además, durante todo este tiempo no hicieron más que mantener la impunidad de los militares: pese a la imprescriptibilidad de los delitos, todavía se mantiene la Ley de Caducidad, y los intentos de reconciliación con las Fuerzas Armadas.
Esta política de conjunto va minando cada vez más las ilusiones que amplios sectores tienen respecto al segundo gobierno del FA, que supuestamente venía a “concretar lo que no se había podido hacer en el primero”, cuando en realidad lo que se ve es que vino a reforzar el modelo de administración del estado al servicio de los capitalistas, basado en una desigualdad social, en la superexplotación de la clase obrera  y en los bajos salarios.
En el sector público, el ataque del gobierno (junto a la oposición) se ve más claramente ya que en la banca oficial, en las escuelas, los hospitales y las empresas del estado (como en AFE) el estado es “el patrón” que atenta constantemente contra las condiciones de trabajo. Es la forma de pasar la “Reforma del Estado” en todos los órdenes, es decir recetas de corte neoliberal. Mujica viene haciendo una “guerra personal” atacando constantemente a los trabajadores públicos, tratándolos de privilegiados y “vivos”, como si fueran los responsables de la mala administración estatal. Esta es la propaganda burguesa y neoliberal del supuesto “gobierno de izquierda” generando el campo propicio para el ataque preventivo, antes de que la crisis internacional desembarque en nuestras orillas. La verdadera discusión, que ocultan, es el nivel deprimido del salario a nivel nacional, y de la necesidad imperiosa de nivelar “para arriba”.

MÁS DE 16 MESES DE CONFLICTO

Las y los trabajadores bancarios vienen luchando hace tiempo, intentando mejorar sus ingresos y manteniendo sus conquistas que todo el tiempo se ven cuestionadas por el gobierno, como es el caso de la escala de ascensos, en especial en los sectores más nuevos en la banca oficial (1) .
En el último período el conflicto adquirió mayor resonancia nacional a partir de la combatividad de sus trabajadores: trabas en el clearing (afectando cifras millonarias en plena temporada turística), suspensión de horas extra entre las medidas más contundentes (2). Estas medidas se realizaron pese a la política llevada adelante por la dirección mayoritaria del sindicato de AEBU, quienes todo el tiempo mantuvieron una línea conciliadora con el gobierno, desmovilizando y desacatando los mandatos de asamblea. La corriente Articulación que dirigen Gustavo Perez y Fernando Gambera, mayoritaria en la dirección del gremio, es la responsable de la actual situación del conflicto, contribuyendo a la desmoralización y confusión en la base. Pero también la lista 17 dirigida por el Partido Comunista tiene responsabilidad. Al principio y ante los sectores más activistas posan como “opositores” pero en los momentos decisivos (como fue por ejemplo en la asamblea definitoria del 2010) terminan aliándose a Articulación en contra de las y los trabajadores.

COMBATIVIDAD, ACTIVISMO Y POSIBILIDAD DE MARCAR UNA POLÍTICA INDEPENDIENTE

A la combatividad expresada por la base bancaria se sumó la existencia de un sector joven que tomó en sus manos el conflicto (además de que fue uno de los más atacados por las medidas del gobierno). Estos sectores se expresaron en las distintas asambleas que tuvieron alta concurrencia (la más importante del 6/12/11 con 2200 compañeros), donde se le puso un freno a la política conciliadora de las distintas expresiones de la burocracia sindical, imponiéndole la continuidad del conflicto. En masivas asambleas ratificaron la continuidad del mismo y el rechazo a cualquier acuerdo cocinado por la mayoría oficialista del sindicato, mostrando una gran disposición a la lucha. Se mandató a continuar las negociaciones con los trabajadores movilizados, rompiendo con la política del gobierno que intentaba dividir las filas atacando a un sector más que a otro. La base y el activismo se mantuvieron a la izquierda de la vieja dirección conciliadora. Un sector de trabajadores pudo hacer una experiencia con el gobierno frenteamplista y con la burocracia sindical. 
Se expresó una gran disposición a la lucha y una posibilidad concreta de torcerle el brazo al gobierno “de izquierda”, que cada vez más muestra sus aristas antiobreras. También estaba planteado desarrollar al máximo la democracia obrera, a partir de la masividad y extensión de las asambleas, permitiendo que se expresen los sectores más activistas y la base, fomentando la autoorganización en cada sucursal y lugar de trabajo, única forma de terminar con la hegemonía de la burocracia de Articulación y el seguidismo del PC en la lista 17, y permitir el desarrollo de un sector que pueda plantear una política alternativa, de verdadera defensa de las conquistas obreras, y lograr barrer de AEBU a la vieja dirección burocrática.

EL ACUERDO DE LA BUROCRACIA CON EL GOBIERNO

El acuerdo realizado por la dirección del gremio con el gobierno logró imponer un impasse en la lucha por 45 días sin movilización y con la promesa de activar las mesas de negociación para buscar una salida al conflicto. Una tregua que seguramente será utilizada por el gobierno para frenar los ánimos, aplacar la lucha y desmoralizar al sector más activo. NO LO PODEMOS PERMITIR!!!
La marcha a Punta del Este (que preocupó mucho al gobierno) hubiera sido una oportunidad para extender el conflicto, darle más trascendencia nacional, buscar la solidaridad del conjunto de la población trabajadora. Además, ya habían gremios (como COFE) que habían comprometido su participación, por lo que también hubiese sido una oportunidad para unirse a otros conflictos en lucha, y comenzar a ser una alternativa a la política conciliadora y negociadora de la burocracia sindical que dirige el PIT-CNT, que ante la existencia de varios conflictos no quiere unificar los reclamos llamando a un paro activo nacional.

EL ROL DE LA OPOSICIÓN RADICAL

Durante el conflicto el sector radical representado en la lista “810” (integrada por militantes de la Tendencia Clasista y Combativa, el Partido de los Trabajadores y otras expresiones menores) logró aglutinar tras de sí al activismo bancario que ya no confía en la dirección mayoritaria. Varias de sus propuestas fueron votadas masivamente en las distintas asambleas, expresando el estado de ánimo de la base y la voluntad de quebrar el ataque del gobierno.
Sin embargo, la actuación jugada por este sector yendo a una reunión secreta con Mujica, sin mandato, sin consultar a la base y confiando (y aceptando) ingenuamente el pedido de reserva solicitado por Mujica, creemos que constituye un error político. Y los errores hay que marcarlos fraternalmente, máxime cuando las listas opositoras van adquiriendo una responsabilidad cada vez mayor.
La lista 810, para poder ser una verdadera dirección alternativa a la burocracia sindical para un amplio sector, deberá plantear una postura contraria a ésta, no solamente en el plano político-programático (continuidad de la movilización, unidad con otros sectores, exigencias y denuncias al PIT-CNT) sino también metodológico, basando todas las negociaciones en las asambleas de base, en la democracia obrera, haciendo transparente las negociaciones y organizando al activismo más consciente para poder reemplazar a la dirección burocrática. Para eso es necesario formar Comités de lucha, democráticos y con delegados/as rotativos, que logren ser la verdadera dirección del conflicto. Medidas como audiencias públicas en las negociaciones, donde puedan ingresar los medios de comunicación y garantice el mayor de los controles de la base (por ejemplo con delegados rotativos que acompañen y controlen a sus dirigentes) son básicas para que un sector haga la experiencia en esas instancias.
Los dirigentes radicales (incluyendo al compañero Rafael Fernández, dirigente del trotskista Partido de los Trabajadores, grupo integrante de la corriente internacional CRCI) expresaron en su declaración pública (3) los motivos que llevaron a mantener el secreto. Pero de lo que se trata es de confiar en los organismos de base de los trabajadores y trabajadoras y no caer en los errores burocráticos que criticamos a la dirección oficialista, ya que lo único que se consigue es restarle fuerza al movimiento y sustituir la organización obrera. No alcanza con dirigentes honestos y radicales encabezando los conflictos, hace falta construir una alternativa desde las bases a la burocracia sindical, organizando a su sector más combativo y acompañando la experiencia con el estado burgués y sus instituciones.
No coincidimos con quienes critican a la Lista 810 acusándola de haber “transado” y proponiendo una línea rupturista con las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras (como intenta hacer Asamblea Popular en sus audiciones de la CX36), negando toda lucha política al interior de los sindicatos y, ellos sí, repitiendo la lógica burocrática). Pero creemos que hay que reflexionar sobre lo actuado y sacar conclusiones a favor de una estrategia de auto-organización de los trabajadores, única forma no solo de lograr el triunfo de un conflicto sino de sentar las bases para que al calor de la lucha y la experiencia política puedan desarrollarse embriones de doble poder obrero y de las masas explotadas como fueron en los 70 los Cordones chilenos o las Coordinadoras en Argentina.
Este error político cometido por los sectores radicales fue en sentido contrario a esta estrategia. Tal es así que fue utilizado por el gobierno y la burocracia sindical para, a los 2 días, ponerle un parate al conflicto con una resolución que viola el mandato de la asamblea que decía claramente que había que negociar movilizados. En su periódico (4), el Partido de los Trabajadores critica correctamente la tregua firmada por la dirección oficialista del sindicato contra el mandato de la asamblea, pero no dice que la política llevada adelante por la “810”, y en particular la reunión secreta con Mujica (sobre todo por el carácter secreto y no por el resultado de la reunión misma) facilitaron el camino para que la burocracia firmara esa tregua.

CONTINUAR LA LUCHA. UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN.

El conflicto no está derrotado y se puede triunfar: los trabajadores y trabajadoras que en las asambleas votaron por la continuidad del conflicto son la base para volver a exigir asambleas donde se vote un plan de lucha progresivo, que retome las medidas, que se organice en todos los lugares de trabajo. Y ahora también que enfrente las amenazas de los directores de la banca oficial de aplicar “descuentos por paros distorsivos” y otras medidas discriminatorias a quienes quieran participar de una asamblea.
Es necesario levantar una exigencia a la dirección del PIT-CNT de un PARO NACIONAL YA, no solamente en solidaridad con el conflicto bancario sino como oportunidad para unificar a todos los sectores en lucha: docentes, estatales, ferroviarios, trabajadores rurales, funcionarios de la salud, entre varios otros. Por aumento de salario mínimo al nivel de la canasta familiar, y por la defensa de las conquistas ganadas con años de lucha. ¡HAY QUE AJUSTAR A LOS CAPITALISTAS QUE VIENEN TENIENDO GANANCIAS EXTRAORDINARIAS (BANCARIOS, EXPORTADORES, INDUSTRIALES, ETC.) Y NO A LOS TRABAJADORES!

Grupo simpatizante de la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional (FT-CI) en Uruguay.



(1) El gobierno decidió que a partir del año próximo no subirán un grado por año como lo venían haciendo hasta ahora. Permanecerán en el cargo durante 10 años en el mismo nivel, salvo que concursen. Fuente El País, 7 de diciembre de 2011.
(2) Por sus características, y su funcionalidad al imperialismo, Uruguay presenta un sistema bancario con un peso relativamente importante en la economía nacional debido a que desde los 70 se incluyeron elementos de flexibilización de controles estatales para atraer capitales, muy similares a los llamados “paraísos fiscales”, a la vez que el flujo comercial entre países como Brasil o Argentina aumentan considerablemente el volumen financiero que se mueve.
(3) Declaración Sobre la reunión con el Presidente Mujica:  Alejandro Gómez- Julio Brito- Juan José Caballero- Rafael Fernández en http://www.facebook.com/notes/rafael-fernández/sobre-la-reunión-con-el-presidente-mujica/101505207619
(4) Tribuna de los Trabajadores Nº 330, 30 de enero de 2012 “La ‘810’ aparece como una dirección alternativa para un amplio sector”, entrevista a Rafael Fernández, dirigente del PT y del gremio bancario, pág 4.

Se presentó “Mi nombre es Trotsky” en Montevideo

El pasado 24/11 se presentó el mediometraje Mi nombre es Trotsky en la Facultad de Humanidades de Montevideo con la presencia de más de veinte personas, entre estudiantes y trabajadores. Estuvo presente Hernán Aragón, uno de sus realizadores, quien nos brindó unas palabras. El mediometraje tuvo una muy buena recepción y permitió establecer el debate acerca de las tareas históricas planteadas para la clase obrera uruguaya y mundial y la salida estratégica para terminar con el sistema capitalista.
Hernán reivindicó no solo la figura de León Trotsky como militante revolucionario de moral inquebrantable, sino también su pelea y la de sus compañeros en la década del ‘30 frente a las deformaciones monstruosas del estalinismo.
Estas deformaciones se han manifestado en el Partido Comunista Uruguayo en la adaptación a las tesis de la III Internacional burocratizada y en el impulso de políticas reformistas y de conciliación de clases desde fines de los años ‘20. Haciendo “frentes democráticos” con la burguesía en los ‘30, fundando un frente popular (Frente Amplio, que hoy está en el gobierno) para desviar el proceso de ascenso obrero y popular iniciado en 1968 y traicionando la huelga general contra el golpe de Estado en 1973, cuando llamaron a los trabajadores a confiar en el “ala patriótica” de las fuerzas armadas. Estos hechos entre otros son parte de la herencia de más de ochenta años de políticas traidoras del PCU y de la formación de camadas de obreros moldeados en la conciliación de clase y en teorías como la de revolución por etapas y el socialismo en un solo país. La discusión estratégica con este partido es de primer orden, ya que es la principal corriente dirigente de la clase obrera y del PIT-CNT desde hace más de 70 años y el principal sostén por izquierda de este régimen democrático burgués basado en la impunidad de los militares y pactado con la derecha y las mismas fuerzas armadas en el Club Naval en 1984. El mediometraje dejó, más allá de las condiciones en que se encontraba Trotsky en 1937, un mensaje esperanzador y que convocaba a tomar las banderas de la militancia revolucionaria, rompiendo con la ideología individualista impregnada en la juventud por el neoliberalismo, y reforzada posteriormente por las distintas posturas autonomistas.
En momentos en que el descreimiento en el FA va en aumento y la crisis económica internacional ya empieza a impactar en Latinoamérica, y en que el FA ha dado muestras desde el gobierno de sus buenos servicios a la burguesía nacional y el imperialismo, éste se prepara para intentar que el costo de la crisis lo paguen los trabajadores. Es impostergable instalar el debate de estrategias en lucha con el frenteamplismo y centralmente con el Partido Comunista, cuyo principal objetivo estratégico es sostener este gobierno capitalista.
Desde aquí peleamos para que la juventud y los trabajadores puedan enfrentar la crisis que se nos viene con el único programa realista: el de la revolución socialista internacional.
Esta es una gran oportunidad para los/as trotskistas uruguayos/as que buscamos aportar con nuestro programa y nuestra estrategia al avance de la subjetividad de la clase trabajadora en lucha por su independencia política y aportar en la construcción de un partido revolucionario de la clase trabajadora, un partido internacionalista y socialista que luche no solo por la revolución en Uruguay, sino también por la reconstrucción de la Cuarta Internacional y por la Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.

por Damián
Nota publicada el 01/12/11 en el semanario La Verdad Obrera del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) de Argentina, miembro de la FT-CI. 

20 días de Huelga metalúrgica

Notas para un balance de la huelga metalúrgica

Los trabajadores a la huelga

En el último mes sin duda uno de los temas centrales fue el conflicto de los trabajadores metalúrgicos. Este tema, junto a las declaraciones de Vázquez con respecto al conflicto con Argentina por las plantas de celulosa, el Congreso del PIT-CNT y los otros conflictos obreros en curso, han estado en el centro de la opinión pública a nivel nacional. El conflicto comenzó luego de más de un año de negociación colectiva frustrada por intransigencia de la cámara patronal. Los trabajadores dentro de su amplia plataforma reivindicativa tenían como ejes centrales: 1,5% de recuperación salarial, reducción de la jornada laboral a 44 hs semanales sin reducción salarial, una nueva escala de categorizaciones y $14.000 de salario mínimo para el sector (menos de la mitad de la canasta básica). A principios de Octubre, con un fuerte empuje desde la base, se comenzó a hacer efectiva la huelga metalúrgica, medida que afectó zonas estratégicas de la industria uruguaya como la refinería de ANCAP (lo que demuestra la capacidad y la centralidad de la clase obrera para mover y paralizar la economía capitalista en su conjunto), donde el gobierno a pocos días de comenzada la medida amenazó con decretar la esencialidad del servicio.
En un principio los trabajadores en asamblea habían votado la ocupación de las plantas fabriles, esto se hizo efectivo en más de 60 plantas y talleres. La patronal mientras tanto adoptó una postura por ellos llamada de “resistencia pacifica”, que de pacífica no tenía nada, ya que apoyándose en los carneros recurrieron a la justicia para lograr el desalojo por la vía legal de las ocupaciones por violación del derecho de propiedad y del derecho al trabajo para los carneros. Ante este panorama los trabajadores en asamblea decidieron levantar las ocupaciones una vez llegaran los cedulones a los establecimientos y montar piquetes en la puerta de las fábrica desocupadas como forma de sostener la lucha. Esto contra la postura de la dirección mayoritaria de la UNTMRA(1) que estaba por levantar todas las ocupaciones y pasar a los piquetes independientemente de los fallos judiciales.

Por un “país de primera”… para los patrones
La medida de los obreros metalúrgicos se debe a que han sido ocho años de crecimiento económico récord en un contexto internacional favorable que no ha significado una mejora sustancial en el nivel de vida de los trabajadores. Muy por el contrario, este “modelo” le ha permitido a los capitalistas nacionales e internacionales enriquecerse como nunca antes a cambio de más tercerización laboral y salarios bajos (a nivel nacional casi 900 mil trabajadores perciben menos de 10 mil pesos al mes, menos de un cuarto de la canasta básica familiar). Esto último en el sector metalúrgico se expresa en los nuevos pequeños y medianos talleres (los cuales proveen productos para otros sectores de la industria) basados en fuerza de trabajo remunerada por debajo incluso de los laudos del sector, apoyados en la escasa o casi nula organización sindical al interior de los mismos. Primero fue Batlle, luego Vázquez, y ahora Mujica los garantes de este modelo de mega-ganancias empresariales (2) apoyado sobre el trabajo precario, tercerizado y la superexplotación de la mano de obra que tiene sus raíces en el ataque a las conquistas obreras perpetrado desde la dictadura y luego profundizado y promovido por los partidos tradicionales Blanco y Colorado en las décadas de 1980 y 1990, y ahora, como dijimos, garantizado por el FA.

Los trabajadores mostraron gran disposición a la lucha... pero la dirección no quiso tanto.
Los trabajadores en estos más de 20 días de huelga han demostrado gran disposición a la lucha. Se ha logrado la solidaridad de otros gremios, se han hecho masivos festivales para recaudar fondos para sostener el conflicto. Lamentablemente la dirección de Abdala (del Partido Comunista Uruguayo, PCU) y el PIT-CNT aplazaron el paro general primero, y lo suspendieron después por dos motivos principales: su desesperación por cerrar el conflicto cuanto antes, aún renunciando a la posibilidad de hacer efectivo un paro general que le de un envión a la lucha y negociando los puntos de la plataforma a la baja; y el segundo motivo es que prefirieron hacer todo lo primero para que no se les vaya este conflicto y otros de las manos (cabe destacar que los empleados públicos ya votaron ir a conflicto, los trabajadores de Phillip Morris siguen la lucha contra el cierre patronal, la banca oficial sigue su conflicto, etc.) y así poder encarrilar toda la conflictividad obrera hacia las oficinas del Ministerio de Trabajo.
Lejos de confiar en las fuerza de los trabajadores para sostener y profundizar la lucha (fuerzas que demostraron con creces en las sucesivas movilizaciones por la avenida principal: 18 de julio), hicieron confiar a los trabajadores en las fórmulas ministeriales (como si el Ministerio fuera a intervenir en favor de los trabajadores!), subordinando la movilización a las mesas citadas por el gobierno. Los principales impulsores de esta política fueron Abdala, Castillo (ambos del PCU) y el conjunto de la dirección del PIT-CNT.
Un paro general contundente con movilización le hubiera dado el empujón que la lucha necesitaba, y hubiera sido el puntapié inicial para una campaña unificada para el triunfo de todos los conflictos en curso, no solo el metalúrgico. Pero una vez más la dirección del PIT-CNT ha mostrado cuál es la lógica que prima: no molestar al gobierno frenteamplista e intentar maniobrar entre la (des)movilización y la negociación para bajar y controlar las expectativas de los reclamos obreros. Podría haber sido el inicio de una campaña de movilizaciones contra la política gubernamental privatizadora de las PPP (cosa a la que la dirección mayoritaria de la central obrera se ha negado rotundamente a causa de su ligazón con el gobierno y su política de sostenimiento de este), contra la tercerización y la precarización laboral, y por un aumento general de salarios al nivel de media canasta básica familiar, para que la crisis que se avecina la paguen los capitalistas y no los trabajadores.
El resultado de la lucha fue que se conquistaron algunos puntos importantes como los ajustes por inflación sumado a un margen de recuperación salarial de 3%, y también se consiguió de forma gradual el piso de salario mínimo de 14 mil pesos (aunque con la trampa del presentismo incluido) a Junio de 2013 . Sin embargo, creemos que podría haberse conseguido más dada la importante disposición a la lucha de los trabajadores metalúrgicos y la posibilidad de rodear de solidaridad el conflicto a días de concluido el Congreso del PIT CNT y de varios conflictos en curso en otros sectores (bancarios, tabacaleros, trabajadores estatales, etc.). Esta perspectiva sólo fue impedida por la política de la dirigencia burocratica de la central obrera (sobretodo fue la política de las corrientes mayoritarias: Partido Comunista y Articulación). Esta burocracia, defensora de la conciliación con patrones y gobierno, y enemiga acérrima de la democracia obrera y la autoorganización de los trabajadores, será el gran escollo a superar por los trabajadores en las futuras luchas para avanzar en conquistar su independencia política.

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1. Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afínes
2. Nos referimos al “modelo” en el que la burguesía se basó para obtener grandes ganancias en el período de crecimiento económico posterior a la crisis económica de 2002 con Jorge Batlle en el gobierno.

 Nota publicada en la página Web de la
Fracción Trotskista -Cuarta Internacional www.ft-ci.org
el miércoles 02 de noviembre de 2011.

Parlamento impide prescripción de los crímenes de la dictadura

El pasado 27 de octubre el Parlamento aprobó, únicamente con los votos del gobernante Frente Amplio, la ley que elimina la prescripción de los crímenes de la dictadura que vencían el 1º de noviembre, declarándolos de lesa humanidad y restaurando la pretensión punitiva del estado.
La Ley oficialista: sus aspectos progresivos y sus límites
Esta nueva ley tiene el punto progresivo de impedir que los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado prescriban, ya que los considera de lesa humanidad. Se ajusta así a los tratados internacionales ratificados por Uruguay (Pacto de San José de Costa Rica). También le da una resolución al caso Gelman ajustándose a la sentencia de la CIDH contra el estado uruguayo. Sin embargo, no anula específicamente la Ley de Caducidad, todavía vigente, por lo que deja un vacío jurídico que seguramente será usado por los militares para apelar su inconstitucionalidad. Al estar en vigencia las dos leyes (la de Caducidad y esta nueva) se deja a criterio de cada juez (y de la Suprema Corte) la decisión en cada caso particular acerca de cuál de las leyes hay que aplicar. Esto es un problema ya que hay sobradas muestras de que la Justicia no es “independiente” como se dice y que no prioriza la defensa de los derechos humanos (muchas veces ha fallado en su contra), y sí aplica todo su rigor cuando se trata de los delitos “contra la propiedad” como las ocupaciones a empresas y edificios públicos, como sucedió durante el conflicto de los metalúrgicos.
Ya antes de promulgar la ley, el presidente José Mujica adelantó cuál era su verdadera intención: tirar la pelota al Poder Judicial en un tema de tanta relevancia. "Los problemas jurídicos tienen varias bibliotecas" dijo, y agregó: "Alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida" . Mientras que Lucía Topolansky (del MPP, integrante del Frente Amplio y esposa de Mujica) confió que está pensando cómo sortear la misma ley que ellos votaron, y presentará un proyecto que incluya en el beneficio de excarcelación domiciliaria a los militares mayores de más de 70 años .
Por su parte, los dos partidos tradicionales Nacional y Colorado – que históricamente representaron a la burguesía y al imperialismo que pidieron el golpe - y el Partido Independiente, cuestionaron desde una posición reaccionaria, la constitucionalidad de la nueva ley, aunque intentaron no quedar como defensores explícitos de los militares. Pero esta postura coincide con los argumentos de los represores, que ya están amenazando con emprender juicios contra militantes de izquierda por supuestos “crímenes” cometidos en aquella época. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa José Bonilla descartó cualquier información sobre los desaparecidos: "Quienes algo sabían, podían, a partir del 1° de noviembre, con la libertad que da la prescripción de los delitos, aportar datos importantes… la información no se va a aportar por temor a ir preso" . Declaraciones estas cargadas de cinismo porque ratifican, como siempre denunciaron los organismos de derechos humanos y las víctimas, que ellos cuentan con muchísima información que en todos estos años no han aportado, ni antes, cuando los defendía la Ley de Caducidad, ni lo harán ahora.
Las primeras demostraciones por el fin de la impunidad
Pocas horas después de promulgada la ley se presentaron múltiples denuncias contra represores, algunas de las cuales terminaron en procesamientos (cinco por el caso Gelman) . Una veintena de mujeres ex presas políticas presentaron denuncias sobre abusos sexuales, torturas y detenciones arbitrarias, es decir delitos de los que nunca se había hablado. En Salto hubo seis denuncias de militantes del PCU que estuvieron presos. Ya suman unas 300 las denuncias realizadas. Organizaciones como la FEUU prestan su apoyo a familiares y ex presos para iniciar procesos legales. La Facultad de Ciencias Sociales se mantuvo ocupada por una semana por este tema. Estos primeras reacciones de las víctimas, familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos pueden ser un importante primer paso en la lucha por encarcelar a estos asesinos, sabiendo que será necesario organizar una lucha más amplia, coordinar acciones y convocar a una movilización en las calles que le imponga a la justicia y todos los partidos, incluyendo el propio Frente Amplio, el castigo a los represores.
El Frente Amplio y su responsabilidad en la impunidad
Con esta ley el FA queda posicionado como uno de los principales luchadores contra la impunidad, frente a un amplio sector de nuestra sociedad, muchos de ellos jóvenes, que desde siempre se han expresado contra los represores (especialmente en el plebiscito de 2009) y que esperaban algún tipo de acción de parte del partido de gobierno. Así, el FA intenta resolver una demanda histórica estructural y represtigiarse ante su base, después de haber tenido varios intentos por lavarle la cara a las fuerzas armadas (recordemos los llamados constantes de Mujica a la reconciliación y al perdón). Pero desde la salida de la dictadura y durante todos estos años, las fuerzas que componen el Frente Amplio han garantizado la preservación del aparato militar intacto, han realizado pactos como el del Club Naval (y otros secretos) donde prometieron la impunidad de los militares a cambio de una transición pactada a la democracia burguesa. Durante todos estos años el FA se ocupó de evitar la movilización llamando a confiar en plebiscitos y llevar a un nivel de desmoralización y pasividad a familiares, víctimas y organizaciones sociales. Sin embargo no han podido sacarnos totalmente de las calles ni hacernos bajar las banderas del Juicio y Castigo. La lucha sigue firme y ahora hay que continuarla.
Nuevamente: sobre el rol de las Fuerzas Armadas
La dictadura cívico-militar uruguaya fue una ofensiva de la clase dominante y el imperialismo, que en el marco del Plan Cóndor llevaron a cabo la destrucción y en algunos casos el exterminio de la vanguardia de luchadores revolucionarios de la época y así frenar el ascenso encabezado por la clase obrera. Los más de 5500 presos políticos fueron en su mayoría obreros, maestras, funcionarios, bancarios, dirigentes sindicales y de sectores que protagonizaron la resistencia a la dictadura (cono ejemplo tenemos la huelga general de 14 días). Ellos constituyeron el principal blanco de la represión. Tener presente esto, es tener presente el rol reaccionario que cumplen las FFAA como institución al servicio de la clase dominante y el imperialismo para reprimir toda lucha social que cuestione el régimen imperante.
Durante estos últimos años, el FA intentó lavarle la cara a las fuerzas armadas, exculpándolas de su pasado represor y dejándolas prontas para su eventual utilización cuando sea necesario. Muestras de esto son la participación en “misiones de paz” como en Haití donde tras la careta “humanitaria” ocupan, abusan y reprimen al pueblo. O la utilización como rompe huelgas como vimos contra los trabajadores de ADEOM el año pasado. O la represión a los jóvenes marginales con la excusa de la delincuencia.
La lucha por el Juicio y Castigo se gana en las Calles
Hasta ahora la cantidad de represores juzgados es irrisoria: algo más de una docena de más de 400 responsables denunciados. Lo mismo en el hallazgo de restos de desaparecidos: se han encontrado una ínfima minoría de un total de doscientos desaparecidos uruguayos en todo el Cono Sur . Inclusive muchos de estos represores hoy continúan en actividad, por culpa de la impunidad. Frente a esto, debemos organizarnos de forma independiente de todos los partidos tradicionales (inclusive del Frente Amplio) y tomar las calles. Es la única manera de lograr el Juicio y Castigo a todos los represores y quebrar los intentos de imponernos el olvido y la reconciliación. Las organizaciones de DDHH, el PIT-CNT, los estudiantes y sectores populares debemos encarar una profunda campaña de organización y lucha para acabar con la impunidad. Exigir que se abran los archivos de la dictadura para saber quiénes fueron los torturadores, quiénes estaban a cargo, qué pasó con nuestros desaparecidos y cuáles fueron los pactos secretos de aquella época. No podemos confiar en la misma Justicia y las mismas instituciones que garantizaron la impunidad estos años, solo la movilización independiente en las calles podrá garantizar la anulación de la Ley de Caducidad y que se juzgue efectivamente a los militares represores.
Luchar por el juicio y castigo y contra la reconciliación, es luchar por los compañeros caídos o que sufrieron en carne propia la prisión y la tortura, es luchar por sus familiares que arrastraron por décadas la injusticia de no saber dónde están sus familiares. Es luchar también por el futuro, en contra de los aparatos represivos del estado siempre dispuestos a aplastar toda protesta social, es luchar por señalar y tener bien presente en la memoria el verdadero rostro de la burguesía nacional y el imperialismo, asesinos y hostigadores de luchadores revolucionarios y de la clase trabajadora.

Sebastian Hesse y Karina Rojas
artículo publicado en www.ft-ci.org
el 03/11/2011