Nota publicada en la página de la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional www.ft-ci.org
Autores: Walter Vidal y Sebastian Munch
Diciembre de 2013 culminó con la mayor crisis política
en la breve historia de los gobiernos frenteamplistas. El mediodía del sábado
21 de diciembre el Ministro de Economía y Finanzas hasta ese entonces, Fernando
Lorenzo oficializaba su renuncia al frente de dicha cartera. Ya desde las
primeras horas del sábado cuando fuera convocada la conferencia de prensa, el
malestar se hacía presente en las filas del gobierno. Es que el día anterior
habían sido procesados con prisión Matías Campiani (Gerente general del
Leadgate S.A.), Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde por el delito
continuado de estafa especialmente agravada, lo que incluye desvío de fondos, y
el liso y llano vaciamiento de la ex aerolínea de bandera uruguaya Pluna S.A.
que declaró la quiebra en 2012. Este hecho generó inmediatas repercusiones a nivel
nacional e internacional, lo que provocó la "caída" de Fernando
Lorenzo, ya que junto a Fernando Calloia (presidente del Banco República), y
otros funcionarios del gobierno completan el círculo de la trama Pluna que va
desde la firma del contrato con Leadgate, la liquidación de la empresa luego de
la fuga de estos últimos con sus respectivas garantías de impunidad, hasta el
escandaloso aval por 13 millones de dólares otorgado a la empresa
"española" Cosmo S.A. (propiedad de López Mena) para la presentación
en la "subasta", recordada por ser un burdo montaje en toda la línea.
El
vaciamiento de Pluna: una historia de pillaje capitalista
En el año 1992 el gobierno de Luis Alberto
Lacalle (Partido Nacional) intenta promulgar una ley de empresas públicas mediante
la cual daba riendas sueltas a las privatizaciones. Fue el mayor intento
privatizador de los gobiernos neoliberales noventistas, que fue derrotado
parcialmente por la lucha de los trabajadores y su canalización por la
burocracia frenteamplista de la PIT-CNT hacia la vía plebiscitaria.
Lamentablemente por acción del Frente Amplio y la burocracia sindical (aún en
contra del sindicato de Pluna y de sus trabajadores), se negaron a pelear por
la no privatización de Pluna en aquel momento 100% estatal. El resultado de
esto fue la reconversión de la aerolínea para luego ser asociada con la
brasileña Varig en 1995. Cuando Varig a mediados de los 2000 se declara en
quiebra, las deudas de ésta con Pluna y el estado uruguayo eran inmensas. Ya
con el Frente Amplio en el gobierno en 2006 fueron a la búsqueda de
capitalistas que se hicieran cargo del 75% de la aerolínea. Es así como
aparecen Paul Elberse de Ficus Capital
quien se embolsó un millón de dólares por traer a su amigo Matías Campiani (a
su vez, perteneciente a una familia de piratas que entraron en negocios con el
Estado en la época del gobierno de Jorge Batlle). Es así como en febrero de
2007 el gobierno frenteamplista firma el acuerdo con Campiani. En Junio de 2012
las deudas de Pluna se multiplicaban, en aquel entonces el director de la
refinería Raúl Sendic mandaba cortar el suministro de combustibles para la
aerolínea, reclamando un pago de más de 500 millones de dólares. Unos días más
tarde Pluna S.A. se declara en quiebra, quedando en evidencia el faltante de
fondos (por 300 millones de dólares) de una empresa que no solamente no fue
capitalizada, sino que fue vaciada. Un gran negocio para Campiani (al que
encima el gobierno le garantizó la impunidad, lo que dificulta hoy día las
posibles acciones del estado contra este estafador internacional) a costa de
las arcas estatales que le costó el trabajo a casi 900 familias.
El
Frente Amplio se muerde la cola
Ante lo sucedido, diversos sectores del
partido de gobierno han salido a criticar con gran cinismo el modelo de
asociación público-privada, planteando que ahora el problema de la aerolínea de
bandera (a la luz de los problemas suscitados a partir de la desaparición de
Pluna) no debe ser visto como un negocio, sino como un “bien social”. Es que el
caso Pluna muestra y anticipa el destino de las políticas privatizadoras que el
gobierno frenteamplista está llevando a cabo en AFE (Administración de
Ferrocarriles del Estado) y la petrolera ANCAP, mediante la Ley de Asociación
Público-Privada aprobada en el año 2012. Una línea en consonancia con el pago
de la deuda externa; y la apertura a mega proyectos financiados por el
imperialismo como el puerto de aguas profundas de Rocha, la planta
regasificadora de Puntas de Sayago, Montes del Plata (celulosa), y la
megaminería a cielo abierto, que viene desatando importantes protestas de
diversos sectores, entre otros.
Ahora, a partir de la situación por el caso
Pluna, algunos sectores del FA ponen a la Suprema Corte de Justicia en el lugar
de “enemigo externo” (para desligar responsabilidades), por el cual, la derecha
actúa camufladamente. Lo que se olvida de mencionar esta tesis es que es la
misma SCJ que junto al Ministerio del Interior a cargo de Bonomi (más
específicamente el Departamento de Operaciones Especiales) que durante 2013 ha
perseguido y procesado militantes obreros y populares y de Derechos Humanos, actuando
en plena connivencia ambos poderes.
El
“progresismo” administrando el Estado capitalista
El Frente Amplio ha querido dar la imagen que
con una coalición de “izquierda” administrando el estado burgués se puede
llevar adelante una gestión transparente y honesta. El estado, como instrumento
de clase al servicio de garantizar los negocios de los grandes capitalistas,
necesita de un personal político adepto y leal a este fin. Por tanto, la
corrupción en los distintos estamentos del estado (y a nivel internacional) es
algo intrínseco al sistema capitalista, ya que los grandes grupos económicos
presionan a su personal político (distribuidos en los distintos partidos
patronales) para que toda la gestión del estado sea enteramente en su
beneficio. Así se sancionan leyes anti-obreras, se legaliza la flexibilización
de las formas de contratación de la fuerza de trabajo, se consiguen exoneraciones
impositivas para determinadas empresas y ramas de la economía, y un largo
etcétera. Como plantearon los fundadores del socialismo científico, Marx y
Engels en el Manifesto Comunista: ”el
gobierno del estado no es más que la junta que administra los negocios comunes
de la clase burguesa” .
Si bien
en este caso, no parece haber existido un beneficio personal de los
funcionarios de gobierno, de lo que no se pueden salvar es de los negociados
con los lobbys empresariales, que todo el tiempo están pujando por mayores
beneficios[1]. Así,
los funcionarios frenteamplistas son desde hace años (el Frente Amplio gobierna
Montevideo desde 1990, y ya tiene en su haber el escándalo de los Casinos
municipales por el que fue procesado el ex director municipal de Casinos, Juan
Carlos Bengoa en tiempos de la Intendencia de Mariano Arana) vehículos para
garantizar las ganancias de los grandes grupos de poder. Esto demuestra que
como coalición en el gobierno se
transformó (desde 2005) de una coalición de centroizquierda y reformista de
oposición a “partido de la gestión estatal” (reemplazando al Partido Colorado,
el histórico partido administrador del estado).
Desde una perspectiva de clase (la única
realista), es imposible evitar esta relación con los grandes capitalistas
nacionales y extranjeros y los lobbys si no se ataca directamente a las bases
fundamentales de la estructura capitalista de la sociedad que genera entre
otras muchas miserias la desigualdad y el privilegio de clase. Por ejemplo, el
gobierno podría haber expropiado sin pago no solamente la vaciada Pluna, sino
confiscado todos los activos que los vaciadores tienen en Uruguay (y perseguido
los que tienen en el exterior) y tomarlos como forma de pago por todos los años
de robo, y poner una línea aérea de bandera estatal gestionada por sus propios
trabajadores, que son los únicos que no tienen mayor interés que el de mantener
su fuente de trabajo y brindar un servicio de calidad, y que fueron los grandes
perjudicados. Pero el carácter de garante y representante de los negocios capitalistas
que ha adquirido el FA desde que accedió al gobierno nacional, hace totalmente
imposible este tipo de medidas.
La
burocracia sindical y su rol frente a Pluna
La burocracia sindical frenteamplista que fue
cómplice de la privatización de PLUNA en 1992, y le dio la bienvenida a
Leadgate en 2007; en 2012 plantea la salida cooperativista tomando el modelo de
FUNSA (es decir, sociedades anónimas entre cooperativas de trabajadores y
capitalistas), y en 2013 frente al pedido de procesamiento de Lorenzo y Calloia
realizan caravanas en apoyo a estos. Aquí queda demostrada la política de
subordinación de los trabajadores al gobierno por la que optó el PIT-CNT. Cuando fracasa la privatización con Leadgate
y comienza a destaparse el vaciamiento y la corrupción, la política de los
dirigentes sindicales (acompañado por el FA)
fue llamar a los trabajadores de Pluna a confiar en que el gobierno
brindaría una salida para mantener la fuente de trabajo. Esto también para
garantizar la estabilidad del régimen mediante la contención del movimiento
obrero, ya que para el gobierno y toda la dirigencia frenteamplista, que los
trabajadores de Pluna encararan una lucha con independencia política de los
partidos del régimen, significaba un mal ejemplo para el resto de los
trabajadores y ponía en riesgo una salida negociada para el conflicto. En este
sentido, las medidas que propuso la dirección del PIT-CNT fueron para presionar
al gobierno, pero en ningún momento tuvo la intensión de una lucha seria por la
defensa de los puestos y la continuidad de la aerolínea.
Primeras
turbulencias para un año electoral
El escándalo abierto demuestra, como ya
expresamos, la complicidad entre gobierno y empresarios en un estado que
mantiene la desigualdad de clase y garantiza la ganancia capitalista.
Esta granada, que explota en las manos de los
dirigentes frenteamplistas a las puertas del año electoral, ha disparado
diversas reacciones en el régimen. Por un lado la plana mayor del FA (no sin
contradicciones) le ha dado su apoyo moral y político a Lorenzo y Calloia,
aunque pusieron sobre la mesa el problema "constitucional" del delito
de "Abuso innominado de funciones (ver semanario Búsqueda Nº 1745,
28/12/2013)". Para los dirigentes frenteamplistas parecería que no hay
nada mejor para evitar la corrupción que... ¡eliminar el delito del Código
Penal! Por su parte, la derecha tradicional a través de sus medios de prensa y
voceros centran sus baterías en la crítica al proceder del gobierno
frenteamplista, sin decir una sola palabra que ellos mismos privatizaron la
aerolínea en el marco de la ofensiva noventista contra los trabajadores y el
pueblo.
En resumidas cuentas, la crisis es tal que no
solamente fueron citados a declarar Lorenzo y Calloia (con pedido de procesamiento
sin prisión por abuso de funciones), sino que el propio ex-Presidente y
presidenciable más fuerte del régimen, Tabaré Vázquez terminó declarando como
indagado en el juzgado del crimen organizado. Una verdadera postal. Además, a
partir de este escándalo se dispara una dinámica interna en el Frente Amplio
que se expresa en el recambio de casi una docena de funcionarios políticos
ligados a entes autónomos y ministerios (ver semanario Brecha Nº 1466,
29/12/2013).
Que la derecha se haya beneficiado coyunturalmente
con el escándalo que salpica al oficialismo, no es mérito de ella sino de lo
profundo de la crisis al interior del elenco gobernante, en especial aquellos
sectores que serán los pilares del futuro tercer gobierno. Nos referimos a
Tabaré Vázquez por un lado, y Danilo Astori, cuyo sector recibió los mayores
golpes, lo que implicará una pérdida de influencia del “astorismo” dentro del
FA (aunque siga siendo el preferido por las cámaras empresariales y el
departamento de estado norteamericano) y un posible ascenso del Partido Socialista.
Asimismo, será importante ir midiendo cómo
impacte esta situación de cara a las próximas elecciones, teniendo en cuenta
que venimos de síntomas de apatía y descreimiento en importantes sectores de la
base electoral frenteamplista, en especial de su base “histórica” (militancia
de los comités de base) que viene desilusionada con el gobierno de Mujica (ya
la mayoría de los analistas políticos burgueses echan por tierra la posibilidad
de un tercer gobierno del Frente Amplio con mayorías parlamentarias). Esto,
sumado al descontento abierto de sectores de vanguardia de trabajadores que,
como los docentes en 2013, cuestionaron con su lucha el "modelo"
frenteamplista.
Quedará ver, por su parte, cómo queda parada
la dirección del PIT-CNT, también salpicada por sus propios escándalos (Plan de
Vivienda Sindical). Esta situación, debilita su legitimidad y capacidad de
contención frente a los justos reclamos de los trabajadores que intenten, una
vez más, hacer llegar sus magros haberes al costo de la canasta familiar, o que
reclamen la responsabilidad penal de los empresarios negreros en la
construcción, o que defiendan la salud y la educación frente al
desfinanciamiento estatal, o bien que peleen por el desprocesamiento de los
luchadores populares.
Por un
sistema de transporte estatal y bajo control obrero. Construyamos una
alternativa revolucionaria de los trabajadores y la juventud.
La clase obrera y el pueblo pobre debemos
pelear por un sistema de transporte 100 % estatal y bajo control obrero, que
cumpla su función social al servicio de las mayorías populares, inclusive en el
caso del transporte aéreo. Para esto hay que dejar de pagar la deuda externa e
imponer impuestos a las grandes fortunas.
La clase obrera, los estudiantes y los
sectores populares debemos sacar las lecciones de todos estos años a partir de
la experiencia con el Frente Amplio, un frente de conciliación de clases que
desde 2005 conduce el Estado capitalista uruguayo al servicio de los intereses
de los explotadores, y darse el ambicioso objetivo de construir un verdadero
partido de los trabajadores revolucionario que luche por
un gobierno de los trabajadores y el pueblo oprimido.
[1] Por ejemplo, en este
caso, cuando desde el comienzo se contratan los servicios de un financista
internacional Elberse, el cual desde la época de Jorge Batlle venía lucrando a
costa del estado, es sabido que lo echaron del Nuevo Banco Comercial cuando salió
a la luz que cobraba un sueldo de 30mil dólares mensuales (no sin antes
llevarse una indemnización de 1,2 millones de dólares) que a través de Ficus
Capital (durante el gobierno de Vázquez) asesoró al estado para encontrar un
socio privado para Pluna (llevándose otro millón de dólares más por esto) y que
finalmente terminó siendo Leadgate de Matías Campiani (el cual era hijo de un
director del Nuevo Banco Comercial cuando Elberse era funcionario de éste).
