Por Walter Vidal
Un año de conflictividad
obrera
El año que termina estuvo signado por la mayor
conflictividad laboral en más de 15 años. Si bien finalmente la mayoría de los
grupos en la negociación salarial parecen llegar a un acuerdo (aún falta cerrar
metalúrgicos y otros menos importantes), los mismos son un buen final para el
gobierno, ya que, gracias a sus maniobras (y las de la burocracia sindical)
pudieron encausar la discusión dentro de los marcos del tope salarial
estipulado por el Poder Ejecutivo, utilizando la movilización controlada en los
marcos salariales como factor de presión ante las patronales más duras que
pujaban por el “0%” de aumento. A su vez, para el gobierno fue importante
haberse mostrado duro ante los reclamos que llegaron a un plano político
(conflicto docente), mostrándole a las patronales que es capaz de mantener las
pautas dentro de sus carriles normales, y que en nada comprometería la “salud”
de la economía que tanto le preocupa a la burguesía frente a los vientos de
crisis a nivel internacional. Por su parte, para la burocracia sindical la
ronda de negociación colectiva en el sector privado fue una buena oportunidad
para reubicarse del rol nefasto y traidor que había cumplido en la huelga
docente, y mostrarse con iniciativa política convocando a paros generales,
manteniendo un enfrentamiento discursivo con las cámaras empresariales y su
programa, poniéndose a la cabeza de reclamos de sectores tan súper explotados
como el proletariado rural o los jóvenes de los supermercados. Paralelamente,
sectores de la burocracia sindical maniobraban frente a la imposición del nuevo
estatuto del funcionario público (Lista 41) y el draconiano ataque que
significa la "reestructuración" de UTE (que implica la baja de
cientos de trabajadores y un gran avance privatizador). Ante la presión de las
bases, el gobierno y las distintas alas de la burocracia de AUTE prefirieron
dejar en suspenso evitando un ataque directo. Fueron asambleas de cientos en
todo el país las que hicieron frenar por el momento la política del gobierno en
UTE, un gran proceso que no ha terminado. La dirección sindical como todo el
régimen político tiene su principal preocupación en dejar bien en orden la casa
de cara al próximo gobierno, el cual todos apuestan que sea de Tabaré Vázquez.
Candidatos, “Concertación”, y
XXX Congreso
En los últimos meses, el régimen político ha dado
definiciones en lo que respecta al programa y las prioridades de un futuro
gobierno. Para el presidenciable Vázquez es de vital importancia mantener a
raya el déficit fiscal y culminar las “megaobras” (Montes del Plata, el puerto
de aguas profundas, la regasificadora, y Aratirí) así como mantener los números
macroeconómicos dentro de los parámetros normales, y las relaciones
privilegiadas con el imperialismo. Es que Tabaré Vázquez es el candidato
saludado no solo por la dirección mayoritaria del PIT-CNT, sino también por la
mayoría de las cámaras empresariales, y la propia banca trasnacional. El ex
presidente ya afirmó frente a quienes pretenden un “giro a izquierda” que en su
segundo mandato no habrá nada de “locas pasiones”. Algo que anticipábamos en
nuestro anterior número de Estrategia
Revolucionaria, era el alineamiento de todos los sectores del
“establishment” frenteamplista con la candidatura de Vázquez. Entre ellos,
nombrábamos al PCU, que ya antes de realizar su XXX Congreso daba claras
señales de apoyo a la candidatura del antiabortista, marcando la importancia de
lograr una candidatura de consenso en el Congreso de Noviembre, dado que “la
lucha es contra la derecha”. De todos modos, el apoyo por parte de la dirección
del PCU a Vázquez no ha sido gratuito, dado que en las votaciones del Congreso
hubo un poco más de la tercera parte de los delegados que no siguió la línea
trazada por el Comité Central saliente. Esto marca la debilidad estratégica de
la apuesta del PCU, en un Congreso donde la dirección volvió a poner sobre la
mesa la "Democracia Avanzada" para justificar su política de "izquierdización"
de la candidatura de Vázquez, frente a un posible escenario de crisis y ajuste
contra los trabajadores por parte del nuevo gobierno frenteamplista.
Por su parte, la derecha patronal ha llegado a su
acuerdo electoral para hacer de Montevideo su nuevo bastión político. Con esto
nace La Concertación que, en un principio será la herramienta (lema) que utilizarán
blancos y colorados para la disputa electoral de 2015 por la Intendencia de
Montevideo, lugar que marca la agenda política del país, y donde la derecha
apuesta a reconstruirse y disputarle la hegemonía al FA en su propio bastión. En
un sentido histórico, esta alianza viene a ponerse en sintonía con la relación
de fuerzas establecida en la crisis de 2002 que, aunque el FA le dio toda la
gobernabilidad a Jorge Batlle, el Partido Colorado (el histórico administrador
del Estado) terminó hundido, redefiniendo el sistema de partidos, y quedando
dos grandes polos en el escenario político: el Frente Amplio y la derecha
hegemonizada por el Partido Nacional.
El avance represivo: un
mecanismo preparatorio
El procesamiento con prisión de los siete implicados
en la movilización a la SCJ en Febrero constituye un avance del régimen
político sobre las más elementales libertades democráticas, como el derecho a
manifestarse. Las razones de este avance represivo son profundas y tienen
estrecha relación con las discusiones de los de arriba y las peleas de los de
abajo. Es que, frente a un escenario de mayor enfriamiento y detracción de la
economía, y estallidos sociales (que se intentarán amortiguar hasta 2015), el
Estado necesitará tener sus fuerzas de seguridad prontas para la represión. El
problema del procesamiento de los siete no solo es judicial, sino también
político. Hay toda una operación de persecución policial y macartismo por parte
del régimen y los grandes medios burgueses contra las organizaciones de
izquierda con el objetivo de aleccionar a todo aquel que salga a luchar por sus
reivindicaciones, tanto sean militantes sociales, de DDHH, ambientalistas, o
sectores de la clase trabajadora que se enfrentan a la burocracia sindical
(ADES Montevideo). El objetivo de esta operación es llevar a todos estos
sectores al aislamiento. Es una preparación estratégica del Estado y el régimen
que se basa en su propia impunidad para actuar, tanto los jueces y fiscales,
aparatos tales como el DOE, o la Guardia Republicana que actúa en los
megaoperativos, o asesina jóvenes como Sergio Lemos. El problema de la
impunidad sigue teniendo características estructurales, y el FA ha demostrado
ser uno de los garantes de los pactos que la sostienen.
Además de la criminalización de la protesta y
persecución a los militantes sociales, se ha avanzado en la brutalidad policial
contra los más pobres, que se vio tanto en la respuesta dada a los motines en
las cárceles como en la prepotencia contra la juventud en los barrios. El
accionar responde a un principio claramente de clase ya que la violencia
ejercida por el estado va dirigida a los sectores más sumergidos de la
sociedad.
Es necesario que los jóvenes
y trabajadores nos organicemos por el inmediato desprocesamiento de los siete
activistas. Por el fin de la represión estatal, la persecución política y el
gatillo fácil contra los barrios pobres. En esta perspectiva es que los
trotskistas de Estrategia Revolucionaria impulsamos desde la Agrupación Tesis
XI con compañeros independientes la conformación de Comités contra la Represión
y la Impunidad en cada lugar de trabajo y estudio.
Por una alternativa
revolucionaria para la juventud y los trabajadores
Las discusiones entre los candidatos del régimen, las
"mateadas" del Pepe con Rockefeller, la represión y persecución
desatada, la votación de proyectos saqueadores como la megaminería, la
vergonzosa condonación de la millonaria deuda a Casal, y la
inconstitucionalidad de la Ley de liquidación de PLUNA con la consecuente
devolución del aval a López Mena, son solo algunos elementos que demuestran a
las claras la naturaleza de clase de este régimen político que defiende el
Frente Amplio.
Durante estos meses los
paros, las manifestaciones y las demostraciones de solidaridad obrera y popular
han demostrado la gran fuerza que tiene la clase trabajadora cuando toma las
calles, pese al cinismo de la dirección del PIT-CNT de querer subordinar toda
esa energía frente a un gobierno que sigue manteniendo la ganancia capitalista.
Debemos poner en pie una alternativa revolucionaria de los trabajadores y la
juventud que pelee por el fin de la precarización laboral, contra la carestía, por
aumento general de salarios igual a media canasta básica, más presupuesto para
salud y educación en base al NO pago de la deuda externa, en la perspectiva de
construir fracciones clasistas en el movimiento obrero y por poner en pie centros
de estudiantes militantes, con independencia política de todos los partidos del
régimen, y solidario con la juventud de los barrios pobres. Una organización
revolucionaria que luche por construir una nueva dirección para el movimiento
obrero, basada en la autoorganización desde las bases y que luche por un
gobierno de los trabajadores y el pueblo.
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