jueves, 20 de marzo de 2014

Uruguay. Se funda la Juventud Revolucionaria Internacionalista

Por Walter Vidal J.R.I. 
publicado en la página de la Fraccción Trotskista-Cuarta Internacional


El pasado domingo 16 de marzo se llevó a cabo el plenario de fundación de la Juventud Revolucionaria Internacionalista (JRI) compuesta por estudiantes y trabajadores de la educación. Esta nueva organización surge sobre la base de ricos debates alrededor de las discusiones que plantea el Manifiesto Por un Movimiento por una Internacional de la Revolución Socialista (Cuarta Internacional) impulsado por la FT-CI a partir de su última Conferencia Internacional en Agosto de 2013. Y surge también como síntesis de una experiencia de práctica política común, tanto en el Movimiento Estudiantil, como alrededor de la gran huelga docente del año pasado y las actividades realizadas contra el creciente giro represivo que viene tomando el gobierno del FA.
Las jornadas de fundación de la nueva organización estuvieron enmarcadas en la discusión a partir de dos documentos nacionales que analizaban la situación política uruguaya, un balance a 9 años del Frente Amplio en el poder, las lecciones de la huelga docente; y las perspectivas de cara al próximo periodo marcado por la coyuntura electoral para este año, y las tendencias a desajustes económicos en la región a partir de la crisis capitalista internacional, así como los desafíos que se nos presentan a los revolucionarios.
Hoy cuando la juventud trabajadora uruguaya se encuentra precarizada en los trabajos, criminalizada y perseguida por las políticas represivas del Frente Amplio, mientras es testigo del desfinanciamiento y desmantelamiento de la Educación Pública, queremos avanzar en poner en pié una organización revolucionaria, tanto trabajadora como estudiantil.
Esto lo hacemos en contraposición a los proyectos que desde el reformismo se le propone a la juventud: como las juventudes frenteamplistas (UJC, JSU, Jóvenes del MPP, etc.) que buscan construir una militancia juvenil ligada a las prebendas y la gestión estatal, o formar cuadros para el funcionariado político del estado. Los discursos más “radicales” en esta modalidad (como la Juventud Comunista) llaman a la utópica idea de “redistribución de la riqueza” y la "justicia social" dentro de los marcos del régimen burgués, y lejos de cualquier meta revolucionaria son parte de un gobierno que desde 2005 garantiza los negocios capitalistas. Por otra parte, a la izquierda del Frente Amplio, corrientes como la Juventud del PCR, o la del Movimiento 26 de Marzo proponen el modelo chavista de conciliación de clases sin romper en absoluto con la estrategia del reformismo uruguayo. Contra todas estas variantes es que se levanta la Juventud Revolucionaria Internacionalista en lucha por la construcción de un partido revolucionario de la clase obrera en Uruguay.
Esta Juventud Revolucionaria Internacionalista pretende retomar las banderas de quienes han caído luchando por una sociedad sin explotados ni explotadores: desde los héroes de la Comuna de París, pasando por las grandes revoluciones del siglo XX, y las mejores tradiciones de unidad obrero-estudiantil en nuestro país; y los mártires y torturados por la dictadura uruguaya. Nos fundamos reivindicando la obra y el legado teórico-político y estratégico de los clásicos del marxismo como Marx, Engels, Luxemburgo, Lenin y Trotsky.
Este pequeño pero importante reagrupamiento revolucionario creemos que demuestra las potencialidades del llamado a construir un Movimiento Por una Internacional de la Revolución Social basado en un balance común de los grandes acontecimientos de la lucha de clases, apelando al método de la fusión revolucionaria. Son muchas las tareas y los desafíos para los jóvenes revolucionarios en Uruguay. Con gran emoción y coraje ponemos manos a la obra en la perspectiva de lucha por alcanzar una sociedad comunista, donde no haya clases ni estado, y donde seamos realmente libres.
Como juventud revolucionaria creemos que la revolución obrera y socialista es internacional. En este sentido, una conclusión importante de los plenarios fue la adhesión al Manifiesto por un MIRS-CI en lucha por la construcción del estado mayor revolucionario de la clase obrera internacional.

miércoles, 12 de marzo de 2014

Nuevamente sobre la legalización de la marihuana

por Hernán Yanes (militante de la FT-CI en Uruguay)

Desde nuestro grupo hemos venido expresando en más de una oportunidad nuestra opinión acerca de la ley que legaliza la venta, distribución y producción de marihuana sancionada recientemente en el Uruguay a instancias del Frente Amplio.[1]
Hoy nos parece importante retomar el tema dado los distintos pronunciamientos habidos desde distintos sectores de la izquierda (como la Juventud del 26 de Marzo), pero en especial por el artículo publicado en Prensa Obrera Nº 1301 de Argentina del 30 de enero de 2014 por Lucía Siola y Nicolás Marrero, ambos militantes del grupo La Clase y simpatizantes de la corriente internacional impulsada por el PO, la CRCI.
 Pretendemos aquí polemizar con planteos allí expresados.
Acordamos con lo expresado por sus autores sobre que la legalización se da en un contexto de una mayor represión y  control  hacia los jóvenes, en especial de los sectores pobres (mega-operativos, criminalización de la pobreza, de la juventud y también de la protesta social,  gatillo fácil contra los jóvenes “con gorrita”, la situación de los presos en condiciones infrahumanas, etc.).  Esta medida, para nosotros progresiva, es parte de un conjunto de acciones que el FA viene llevando delante de control social y represión como forma de enfrentar las terribles consecuencias sociales y económicas que  acarrean el capitalismo, de las que el Frente Amplio es continuador.
Como ellos plantean esta ley no terminará con el narcotráfico ya que ello significaría atacar a poderosos grupos económicos que actúan nacional e internacionalmente en conjunción con políticos y fuerzas represivas; cuestión que el FA nunca hará.
 Así también coincidimos con que con esta medida el gobierno intenta prestigiarse y de paso hacer negocios con la marihuana en sintonía con la propuesta de Soros, Monsanto y distintas multinacionales. Sabido es que la legalización de la producción y cultivo son oportunidades de grandes negocios en momentos de crisis económica mundial y el gobierno uruguayo pretende con esta medida aprovechar esta situación internacional
La clase política uruguaya, desde José Batlle y Ordoñez a esta parte, ha intentado posar de avanzada y progresista apelando a medidas que aunque justas (divorcio, voto de la mujer, aborto, matrimonio igualitario, etc.) tienen el objetivo de ganarse a las clases medias y esconder la desigualdad de clase, recreando la ilusión de una supuesta igualdad social a partir de un excepcional sistema democrático (la Suiza de América). Este mito, repetido hasta el cansancio incluso por el Frente Amplio, oculta su sumisión al imperialismo y sus socios locales.
Sin embargo, no podemos menos que alarmarnos por los conceptos vertidos por los compañeros, y que se encuentran en sintonía con las posiciones de  su corriente internacional, el Partido Obrero y la CRCI.  Una corriente que se reivindica trotskista debería al menos preocuparse si sus posiciones sobre las libertades y derechos democráticos coinciden con las funestas  posiciones tradicionales del estalinismo (y del maoísmo,  castrismo y grupos populistas). Sin ir más lejos, la juventud del 26 de Marzo (integrante de Asamblea Popular) tiene posiciones muy parecidas; las que a su vez coindicen con la postura de la Iglesia o la derecha tradicional expresada por el diario El País o El Observador. [2]
Los compañeros del La Clase expresan:
“…la legalización de la marihuana es una herramienta para embrutecer a la juventud y a la clase obrera uruguaya”… La “liberalización” de la marihuana busca servir a la contención política de la juventud explotada mediante el embrutecimiento social…. opera como un mecanismo para reforzar la opresión capitalista sobre los explotados..”
Aún asumiendo que esto fuera así, parece que los compañeros no encuentran más solución que la prohibición. Se acercan así peligrosamente al autoritarismo del Estado (o cualquier otra autoridad) que se arroga el derecho de meterse en los actos privados, a manejar nuestros cuerpos, nuestros gustos y nuestra vida y decidir sobre nuestro uso del tiempo libre o la recreación. 
Ese análisis no es marxista sino pura ideología reaccionaria que toma lo construido social y culturalmente como algo dado y natural; como perteneciente de manera inmanente al orden “eterno” de las cosas. La prohibición de la marihuana tiene menos de 100 años  mientras que hay registros de que se consume desde hace miles de años de manera recreativa o como parte de rituales. Con esta lógica parece que se debería prohibir también por ejemplo el consumo de alcohol, pero siendo consecuentes también se debería prohibir internet, mirar televisión, ir a un baile, jugar a un video juego, etc. todas cosas también pasibles de ser consideradas “alienantes” o embrutecedoras. 
Para los autores de la nota de Prensa Obrera “consumir drogas no responde a la decisión libre individual sino a las condiciones impuestas (por el capitalismo)”; pero para los marxistas revolucionarios este condicionamiento  (que es extensible casi a cualquier acción humana que se da en el marco del capitalismo) no debe llevar a promover el recorte de las libertades individuales y a avalar la acción represiva y policiaca (porque los compañeros parecen “olvidar” que eso es lo que trae la prohibición), sino que por el contrario debe ser un argumento para luchar por ampliar las libertades personales de manera inseparable de la lucha contra la opresión económica social y cultural del capitalismo.
Los compañeros livianamente dicen que el consumo en Uruguay es legal desde hace años, y de esta manera se desentienden (y desprecian) las “dificultades” que un joven debe sortear para conseguir unos porros si tiene ganas de divertirse un rato, de que este simple hecho lo deja en la “ilegalidad” y por lo tanto más vulnerable al accionar de las fuerzas represivas y el autoritarismo estatal (¿ o se olvidan que es la propia policía la que en ocasiones le “planta” la droga para criminalizar o para ser tratado de delincuente?, máxime cuando además de joven se es pobre).
No desconocemos la existencia de consumos problemáticos o adicciones, de los que los sectores pobres son de las principales víctimas (y por ello también es necesario exigir programas de salud adecuados y gratuitos), pero no se puede igualar estas situaciones con el consumo recreativo, sino nos estamos haciendo eco de posiciones retrógradas impulsadas por los sectores más conservadores.
Sin desconocer entonces las grandes limitaciones de la ley ya planteadas, entendemos que es progresiva. La oposición a ella, desde posiciones cercanas a la derecha tradicional, constituye a nuestro juicio un grave error  basado  en argumentos prejuiciosos que menosprecian la lucha de muchos jóvenes por ampliar las libertades individuales, horizonte por el que peleamos los marxistas revolucionarios.
Llamamos a los compañeros, con quienes compartimos distintos espacios de lucha en Montevideo, a que reflexionen sobre esta peligrosa postura





[1] http://debatemilitante.blogspot.com/2013/12/acerca-de-la-aprobacion-de-la.html; http://debatemilitante.blogspot.com/2012/07/sobre-la-posible-legalizacion-de-la.html
[2] http://www.radio36.com.uy/entrevistas/2012/07/06/cartragena.html

jueves, 6 de febrero de 2014

5F Jornada Internacional por la absolución de los petroleros de Las Heras

Entrega de firmas junto al petitorio en la Embajada Argentina en Uruguay

 

De la mano de Sebastián Artigas, familiar de desaparecido, se hizo llegar las decenas de firmas al petitorio por la absolución de los petroleros de Las Heras.

Montevideo, 6 de Febrero de 2014.

Al Sr. Embajador de la República Argentina en la República Oriental del Uruguay
Ing. Dante Dovena

De nuestra mayor consideración:

El Petitorio que a continuación se transcribe es el mismo que ha sido presentado en las Embajadas y Consulados de varias ciudades a nivel mundial, en el marco de una acción internacional iniciada el pasado miércoles 5 de febrero con masivas movilizaciones en las principales ciudades de la República Argentina.
Solicitamos por vuestra vía, hacer llegar el mismo a las máximas autoridades nacionales, esperando se tenga en cuenta nuestro reclamo.

PETITORIO
Los abajo firmantes repudiamos las injustas condenas dictadas por el tribunal de Caleta Olivia, el pasado 12 de diciembre, a nueve trabajadores petroleros de Las Heras, Santa Cruz, de los cuales 4 fueron condenados a cadena perpetua, uno de ellos por ser menor de edad al momento de los hechos derivado a un régimen especial, y cinco, a cinco años de prisión con los cargos de coacción agravada.
A los trabajadores se los condena sin ninguna prueba y con gravísimas violaciones a los derechos humanos, por la muerte del policía Sayago, ocurrida en la pueblada de esa localidad en el año 2006 cuando salieron a luchar contra el impuesto a las ganancias y por mejores condiciones de trabajo.
Los abajo firmantes exigimos la absolución de los trabajadores, dado que este es fue un juicio absolutamente armado.
Durante el trascurso del mismo y en los alegatos, los abogados defensores de los petroleros (amenazados constantemente por este tribunal y sancionados) demostraron la inocencia de los trabajadores por no encontrase pruebas. Lo único que se pudo demostrar fueron las torturas, los apremios ilegales, las vejaciones y las amenazas que sufrieron los petroleros, por la policía provincial durante los tres años que estuvieron detenidos, para obtener “pruebas” Un accionar propio de la dictadura militar”. Denunciamos al Tribunal Oral de Caleta Olivia que llevó adelante el juicio y luego condenó avalando los testimonios arrancados bajo torturas. El mismo fiscal Candia se atrevió a decir con total impunidad como muestra de esto, que una bolsa en la cabeza y un par de “cachetadas” él no lo consideraba torturas.
Las denuncias que se realizaron durante el mismo, acompañadas por cientos de Organismos de Derechos Humanos, Organizaciones sindicales, Sociales, Políticas, llevaron a que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación enviara a Caleta Olivia un pedido de informe sobre el juicio, que estuvo armado contra los trabajadores, plagado violaciones a los derechos humanos, como las brutales torturas de las que fueron víctimas durante su detención y las amenazas constantes a sus familias.
Estas durisimas condenas, son uno de los más graves ataques contra los trabajadores, desde el 83 a esta parte, por haber salido a pelear por sus derechos. Su único objetivo es que esta condena sea ejemplificadora para que los trabajadores no se enfrenten a las petroleras y a las grandes patronales. Sentando un gravísimo antecedente para todos los luchadores del país, así como, la impunidad de la justicia que avala condenar a trabajadores en base a testimonios obtenidos bajo tortura. La condena a los trabajadores, no implicó cárcel inmediata hasta que no quede firme la condena, tiempo que utilizaremos lograr la verdadera justicia, que es la absolución de los compañeros.
Los primeros días de febrero se apelará en la instancia de casación en el Tribunal Superior de Río Gallegos.

Por eso exigimos:
Absolución inmediata e incondicional a los trabajadores petroleros de Las Heras

FIRMAS REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS: Roger Rodríguez, periodista e investigador en DDHH / Jorge Pedro Zabalza, El Tambero, ex prisionero político uruguayo, uno de los nueve rehenes tupamaros de la dictadura / Verónika Engler / Baldemar Taroco, Vicepresidente de Asociación de Ex Pres@s Polític@s del Uruguay Crysol / Sebastián Artigas, familiar de desaparecidos / Norma Morroni, madre de Fernando, asesinado por las fuerzas represivas uruguayas en 1994 / Irma Leites, miembro de Plenaria Memoria y Justicia, una de los 7 procesados en 2013 por la justicia uruguaya por manifestarse contra la impunidad / Gloria Sellera

MOVIMIENTO SINDICAL: Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (ADEOM – PIT-CNT) / Tendencia Clasista y Combativa (TCC – PIT-CNT) / Aníbal Varela, dirigente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (ADEOM – PIT-CNT), uno de los 7 procesados en 2013 por la justicia uruguaya por manifestarse contra la impunidad / Álvaro Soto, dirigente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (ADEOM – PIT-CNT) / Sergio “Pájaro” Pereira, dirigente de la Corriente de Militantes Clasistas 1871, Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT – PIT-CNT) / Fernando Charamelo, dirigente del sindicato de Artes Gráficas (SAG – PIT-CNT) / Rafael Fernández, dirigente de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU – PIT-CNT) / Javier Iglesias, Natalia Leiva y Marcos Fernández, integrantes de la Agrupación 1º de Mayo, directiva de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) Montevideo / Patricia Borda, activista de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) Montevideo, una de los 7 procesados en 2013 por la justicia uruguaya por manifestarse contra la impunidad / Noemí Iraola, militante de la Agrupación 1886 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Privada (SINTEP – CSEU – PIT-CNT) / Pablo Darriulat, directivo de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR – PIT-CNT), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – UDELAR

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL: Martín Randall, Francisco Claramunt y Fernando Techera, Secretarios de la Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), miembros del Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos / Agrupación Universitaria Tesis XI – Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (CEHCE – FEUU) / Agrupación 1º de Mayo – Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (CEHCE – FEUU)

MOVIMIENTO AMBIENTALISTA: Álvaro Jaume, Colectivo Sauce de Lucha por la Tierra, uno de los 7 procesados en 2013 por la justicia uruguaya por manifestarse contra la impunidad / Germán Parula y Andrés Irda, Asamblea Pachamama / Yolanda Apaulaza, Movimiento Charrúa Basquadé / Cecilia Agustoni, Diego Perez Lema, Nelson Oscar Alfredo Reyes, Noelia Lopez, Sandra Petrovich, Nelson Rojas, Alicia Morales, miembros de la Asamblea Nacional Permanente (ANP) en Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales / Carmen Sosa, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (ANP)

CULTURA Y UNIVERSIDAD: Dr. Ing. Quim. Ignacio Stolkin, Dr. en Ciencias Técnicas del Instituto Politénico de Zurich, ex profesor grado 5 Facultad de Ciencias – UDELAR, ex profesor grado 4 Facultad Química – UDELAR / Alma Bolón, escritora y docente de Fac. De Humanidades y Ciencias de la Educación – UDELAR / Leonardo Flamia, periodista / Nicolás Marrero, docente Cátedra Int. A la Economía Política, Fac. Ciencias Económicas - UDELAR

ORGANIZACIONES POLÍTICAS: Movimiento Revolucionario Oriental (MRO-COMUNA) / Jorge Maiki por Agrupación ProUNIR (Unidad Popular) / Partido de Trabajadores (PT) / Militantes de la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional (FT-CI) Uruguay / La Clase

Para ver más acciones en otras ciudades del mundo en el marco de la Jornada Internacional, ver: 

http://www.ft-ci.org/Multitudinario-acto-en-Plaza-de-Mayo-por-la-absolucion-de-los-petroleros-de-Las?lang=es

 

viernes, 10 de enero de 2014

El "affaire" Pluna genera una crisis política en el gobierno.

Nota publicada en la página de la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional  www.ft-ci.org
Autores: Walter Vidal y Sebastian Munch



Diciembre de 2013 culminó con la mayor crisis política en la breve historia de los gobiernos frenteamplistas. El mediodía del sábado 21 de diciembre el Ministro de Economía y Finanzas hasta ese entonces, Fernando Lorenzo oficializaba su renuncia al frente de dicha cartera. Ya desde las primeras horas del sábado cuando fuera convocada la conferencia de prensa, el malestar se hacía presente en las filas del gobierno. Es que el día anterior habían sido procesados con prisión Matías Campiani (Gerente general del Leadgate S.A.), Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde por el delito continuado de estafa especialmente agravada, lo que incluye desvío de fondos, y el liso y llano vaciamiento de la ex aerolínea de bandera uruguaya Pluna S.A. que declaró la quiebra en 2012. Este hecho generó inmediatas repercusiones a nivel nacional e internacional, lo que provocó la "caída" de Fernando Lorenzo, ya que junto a Fernando Calloia (presidente del Banco República), y otros funcionarios del gobierno completan el círculo de la trama Pluna que va desde la firma del contrato con Leadgate, la liquidación de la empresa luego de la fuga de estos últimos con sus respectivas garantías de impunidad, hasta el escandaloso aval por 13 millones de dólares otorgado a la empresa "española" Cosmo S.A. (propiedad de López Mena) para la presentación en la "subasta", recordada por ser un burdo montaje en toda la línea.
El vaciamiento de Pluna: una historia de pillaje capitalista
En el año 1992 el gobierno de Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional) intenta promulgar una ley de empresas públicas mediante la cual daba riendas sueltas a las privatizaciones. Fue el mayor intento privatizador de los gobiernos neoliberales noventistas, que fue derrotado parcialmente por la lucha de los trabajadores y su canalización por la burocracia frenteamplista de la PIT-CNT hacia la vía plebiscitaria. Lamentablemente por acción del Frente Amplio y la burocracia sindical (aún en contra del sindicato de Pluna y de sus trabajadores), se negaron a pelear por la no privatización de Pluna en aquel momento 100% estatal. El resultado de esto fue la reconversión de la aerolínea para luego ser asociada con la brasileña Varig en 1995. Cuando Varig a mediados de los 2000 se declara en quiebra, las deudas de ésta con Pluna y el estado uruguayo eran inmensas. Ya con el Frente Amplio en el gobierno en 2006 fueron a la búsqueda de capitalistas que se hicieran cargo del 75% de la aerolínea. Es así como aparecen Paul Elberse de  Ficus Capital quien se embolsó un millón de dólares por traer a su amigo Matías Campiani (a su vez, perteneciente a una familia de piratas que entraron en negocios con el Estado en la época del gobierno de Jorge Batlle). Es así como en febrero de 2007 el gobierno frenteamplista firma el acuerdo con Campiani. En Junio de 2012 las deudas de Pluna se multiplicaban, en aquel entonces el director de la refinería Raúl Sendic mandaba cortar el suministro de combustibles para la aerolínea, reclamando un pago de más de 500 millones de dólares. Unos días más tarde Pluna S.A. se declara en quiebra, quedando en evidencia el faltante de fondos (por 300 millones de dólares) de una empresa que no solamente no fue capitalizada, sino que fue vaciada. Un gran negocio para Campiani (al que encima el gobierno le garantizó la impunidad, lo que dificulta hoy día las posibles acciones del estado contra este estafador internacional) a costa de las arcas estatales que le costó el trabajo a casi 900 familias.
El Frente Amplio se muerde la cola
Ante lo sucedido, diversos sectores del partido de gobierno han salido a criticar con gran cinismo el modelo de asociación público-privada, planteando que ahora el problema de la aerolínea de bandera (a la luz de los problemas suscitados a partir de la desaparición de Pluna) no debe ser visto como un negocio, sino como un “bien social”. Es que el caso Pluna muestra y anticipa el destino de las políticas privatizadoras que el gobierno frenteamplista está llevando a cabo en AFE (Administración de Ferrocarriles del Estado) y la petrolera ANCAP, mediante la Ley de Asociación Público-Privada aprobada en el año 2012. Una línea en consonancia con el pago de la deuda externa; y la apertura a mega proyectos financiados por el imperialismo como el puerto de aguas profundas de Rocha, la planta regasificadora de Puntas de Sayago, Montes del Plata (celulosa), y la megaminería a cielo abierto, que viene desatando importantes protestas de diversos sectores, entre otros.
Ahora, a partir de la situación por el caso Pluna, algunos sectores del FA ponen a la Suprema Corte de Justicia en el lugar de “enemigo externo” (para desligar responsabilidades), por el cual, la derecha actúa camufladamente. Lo que se olvida de mencionar esta tesis es que es la misma SCJ que junto al Ministerio del Interior a cargo de Bonomi (más específicamente el Departamento de Operaciones Especiales) que durante 2013 ha perseguido y procesado militantes obreros y populares y de Derechos Humanos, actuando en plena connivencia ambos poderes.
El “progresismo” administrando el Estado capitalista
El Frente Amplio ha querido dar la imagen que con una coalición de “izquierda” administrando el estado burgués se puede llevar adelante una gestión transparente y honesta. El estado, como instrumento de clase al servicio de garantizar los negocios de los grandes capitalistas, necesita de un personal político adepto y leal a este fin. Por tanto, la corrupción en los distintos estamentos del estado (y a nivel internacional) es algo intrínseco al sistema capitalista, ya que los grandes grupos económicos presionan a su personal político (distribuidos en los distintos partidos patronales) para que toda la gestión del estado sea enteramente en su beneficio. Así se sancionan leyes anti-obreras, se legaliza la flexibilización de las formas de contratación de la fuerza de trabajo, se consiguen exoneraciones impositivas para determinadas empresas y ramas de la economía, y un largo etcétera. Como plantearon los fundadores del socialismo científico, Marx y Engels en el Manifesto Comunista: ”el gobierno del estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa” .
 Si bien en este caso, no parece haber existido un beneficio personal de los funcionarios de gobierno, de lo que no se pueden salvar es de los negociados con los lobbys empresariales, que todo el tiempo están pujando por mayores beneficios[1]. Así, los funcionarios frenteamplistas son desde hace años (el Frente Amplio gobierna Montevideo desde 1990, y ya tiene en su haber el escándalo de los Casinos municipales por el que fue procesado el ex director municipal de Casinos, Juan Carlos Bengoa en tiempos de la Intendencia de Mariano Arana) vehículos para garantizar las ganancias de los grandes grupos de poder. Esto demuestra que como coalición en el gobierno se transformó (desde 2005) de una coalición de centroizquierda y reformista de oposición a “partido de la gestión estatal” (reemplazando al Partido Colorado, el histórico partido administrador del estado).
Desde una perspectiva de clase (la única realista), es imposible evitar esta relación con los grandes capitalistas nacionales y extranjeros y los lobbys si no se ataca directamente a las bases fundamentales de la estructura capitalista de la sociedad que genera entre otras muchas miserias la desigualdad y el privilegio de clase. Por ejemplo, el gobierno podría haber expropiado sin pago no solamente la vaciada Pluna, sino confiscado todos los activos que los vaciadores tienen en Uruguay (y perseguido los que tienen en el exterior) y tomarlos como forma de pago por todos los años de robo, y poner una línea aérea de bandera estatal gestionada por sus propios trabajadores, que son los únicos que no tienen mayor interés que el de mantener su fuente de trabajo y brindar un servicio de calidad, y que fueron los grandes perjudicados. Pero el carácter de garante y representante de los negocios capitalistas que ha adquirido el FA desde que accedió al gobierno nacional, hace totalmente imposible este tipo de medidas.
La burocracia sindical y su rol frente a Pluna
La burocracia sindical frenteamplista que fue cómplice de la privatización de PLUNA en 1992, y le dio la bienvenida a Leadgate en 2007; en 2012 plantea la salida cooperativista tomando el modelo de FUNSA (es decir, sociedades anónimas entre cooperativas de trabajadores y capitalistas), y en 2013 frente al pedido de procesamiento de Lorenzo y Calloia realizan caravanas en apoyo a estos. Aquí queda demostrada la política de subordinación de los trabajadores al gobierno por la que optó el PIT-CNT.  Cuando fracasa la privatización con Leadgate y comienza a destaparse el vaciamiento y la corrupción, la política de los dirigentes sindicales (acompañado por el FA)  fue llamar a los trabajadores de Pluna a confiar en que el gobierno brindaría una salida para mantener la fuente de trabajo. Esto también para garantizar la estabilidad del régimen mediante la contención del movimiento obrero, ya que para el gobierno y toda la dirigencia frenteamplista, que los trabajadores de Pluna encararan una lucha con independencia política de los partidos del régimen, significaba un mal ejemplo para el resto de los trabajadores y ponía en riesgo una salida negociada para el conflicto. En este sentido, las medidas que propuso la dirección del PIT-CNT fueron para presionar al gobierno, pero en ningún momento tuvo la intensión de una lucha seria por la defensa de los puestos y la continuidad de la aerolínea.
Primeras turbulencias para un año electoral
El escándalo abierto demuestra, como ya expresamos, la complicidad entre gobierno y empresarios en un estado que mantiene la desigualdad de clase y garantiza la ganancia capitalista.
Esta granada, que explota en las manos de los dirigentes frenteamplistas a las puertas del año electoral, ha disparado diversas reacciones en el régimen. Por un lado la plana mayor del FA (no sin contradicciones) le ha dado su apoyo moral y político a Lorenzo y Calloia, aunque pusieron sobre la mesa el problema "constitucional" del delito de "Abuso innominado de funciones (ver semanario Búsqueda Nº 1745, 28/12/2013)". Para los dirigentes frenteamplistas parecería que no hay nada mejor para evitar la corrupción que... ¡eliminar el delito del Código Penal! Por su parte, la derecha tradicional a través de sus medios de prensa y voceros centran sus baterías en la crítica al proceder del gobierno frenteamplista, sin decir una sola palabra que ellos mismos privatizaron la aerolínea en el marco de la ofensiva noventista contra los trabajadores y el pueblo.
En resumidas cuentas, la crisis es tal que no solamente fueron citados a declarar Lorenzo y Calloia (con pedido de procesamiento sin prisión por abuso de funciones), sino que el propio ex-Presidente y presidenciable más fuerte del régimen, Tabaré Vázquez terminó declarando como indagado en el juzgado del crimen organizado. Una verdadera postal. Además, a partir de este escándalo se dispara una dinámica interna en el Frente Amplio que se expresa en el recambio de casi una docena de funcionarios políticos ligados a entes autónomos y ministerios (ver semanario Brecha Nº 1466, 29/12/2013).
Que la derecha se haya beneficiado coyunturalmente con el escándalo que salpica al oficialismo, no es mérito de ella sino de lo profundo de la crisis al interior del elenco gobernante, en especial aquellos sectores que serán los pilares del futuro tercer gobierno. Nos referimos a Tabaré Vázquez por un lado, y Danilo Astori, cuyo sector recibió los mayores golpes, lo que implicará una pérdida de influencia del “astorismo” dentro del FA (aunque siga siendo el preferido por las cámaras empresariales y el departamento de estado norteamericano) y un posible ascenso del Partido Socialista.
Asimismo, será importante ir midiendo cómo impacte esta situación de cara a las próximas elecciones, teniendo en cuenta que venimos de síntomas de apatía y descreimiento en importantes sectores de la base electoral frenteamplista, en especial de su base “histórica” (militancia de los comités de base) que viene desilusionada con el gobierno de Mujica (ya la mayoría de los analistas políticos burgueses echan por tierra la posibilidad de un tercer gobierno del Frente Amplio con mayorías parlamentarias). Esto, sumado al descontento abierto de sectores de vanguardia de trabajadores que, como los docentes en 2013, cuestionaron con su lucha el "modelo" frenteamplista.
Quedará ver, por su parte, cómo queda parada la dirección del PIT-CNT, también salpicada por sus propios escándalos (Plan de Vivienda Sindical). Esta situación, debilita su legitimidad y capacidad de contención frente a los justos reclamos de los trabajadores que intenten, una vez más, hacer llegar sus magros haberes al costo de la canasta familiar, o que reclamen la responsabilidad penal de los empresarios negreros en la construcción, o que defiendan la salud y la educación frente al desfinanciamiento estatal, o bien que peleen por el desprocesamiento de los luchadores populares.
Por un sistema de transporte estatal y bajo control obrero. Construyamos una alternativa revolucionaria de los trabajadores y la juventud.
La clase obrera y el pueblo pobre debemos pelear por un sistema de transporte 100 % estatal y bajo control obrero, que cumpla su función social al servicio de las mayorías populares, inclusive en el caso del transporte aéreo. Para esto hay que dejar de pagar la deuda externa e imponer impuestos a las grandes fortunas.
La clase obrera, los estudiantes y los sectores populares debemos sacar las lecciones de todos estos años a partir de la experiencia con el Frente Amplio, un frente de conciliación de clases que desde 2005 conduce el Estado capitalista uruguayo al servicio de los intereses de los explotadores, y darse el ambicioso objetivo de construir un verdadero partido de los trabajadores revolucionario que luche por un gobierno de los trabajadores y el pueblo oprimido.





[1] Por ejemplo, en este caso, cuando desde el comienzo se contratan los servicios de un financista internacional Elberse, el cual desde la época de Jorge Batlle venía lucrando a costa del estado, es sabido que lo echaron del Nuevo Banco Comercial cuando salió a la luz que cobraba un sueldo de 30mil dólares mensuales (no sin antes llevarse una indemnización de 1,2 millones de dólares) que a través de Ficus Capital (durante el gobierno de Vázquez) asesoró al estado para encontrar un socio privado para Pluna (llevándose otro millón de dólares más por esto) y que finalmente terminó siendo Leadgate de Matías Campiani (el cual era hijo de un director del Nuevo Banco Comercial cuando Elberse era funcionario de éste).

lunes, 30 de diciembre de 2013

Acerca de la aprobación de la legalización de la marihuana en Uruguay.

Autor: Hernán Yanes
publicada en la página de la Fracción Trotskista  Cuarta Internacional (FT-CI)

El pasado 10 de diciembre,  y luego de largas negociaciones, el Parlamento uruguayo legalizó la venta, distribución y producción de marihuana (canabbis)
La norma contó con el apoyo de todo el FA (para lo cual hubo que consensuar algunos aspectos con sectores internos renuentes a la aprobación) y la oposición de los partidos tradicionales (blanco y colorado) e Independiente (aunque algunos de ellos votaron por separado algunas partes de la misma).
Entre sus aspectos centrales la ley aprobada establece que el  Estado será quien asuma el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana, que su venta se realizará en farmacias y que se abrirá un registro de consumidores como requisito para poder comprar.
La ley también autoriza el autocultivo personal (hasta 6 plantas y un máximo de 480 gramos por cosecha al año) y el cultivo en clubes con membrecía (con mínimo de 15 socios y un máximo de 45, y un número de plantas proporcional con un máximo de 99).

La ley constituye un avance importante, producto de décadas de lucha de distintos colectivos por la legalización de la marihuana, pero es también una medida que impulsa el gobierno del FA para represtigiarse y  posicionarse como un defensor de las libertades democráticas. Mientras se despenaliza el aborto, se habilita el matrimonio igualitario y se legaliza la marihuana el gobierno avanza en una política represiva de criminalización de la juventud y de los sectores pobres a través de  razzias y  megaoperativos. La ley de faltas promulgada hace pocos meses habilita a la policía a impedir que se pueda comprar alcohol después de la medianoche o tomar en la vía pública. Los recientes casos de gatillo fácil en el barrio  Santa Catalina, el hacinamiento en condiciones inhumanas en las cárceles son algunas de las muestras de la política que impulsa el FA.
Por otra parte no debemos perder de vista que esta conquista es también una oportunidad de negocios para las multinacionales. Ya Soros, Rockefeller y Monsanto han dado su apoyo a la legalización en tanto se preparan para participar en este lucrativo mercado. Mujica que tanto despotrica contra el consumismo no tiene inconvenientes en mercantilizar el ocio y el consumo recreativo, en el contexto de facilitar el acceso a la extracción descontrolada de todos los recursos naturales (megaminería, transgénicos, puerto de aguas profundas, etc.)
No al fichaje de los consumidores
Algunos aspectos de la ley votada muestran también sus importantes limitaciones. La propuesta de generar un registro de consumidores es autoritaria y policíaca  así como las medidas de internación compulsiva de adictos a la pasta base (paco).
Más allá de que Mujica haya impulsado esta ley, subyace en la clase política la mirada de  los consumidores como enfermos o potencialmente peligrosos. A nadie se le ocurre abrir un registro para consumidores de vino por ejemplo, y  este fichaje de fumadores y su consiguiente estigmatización  constituyen un avance sobre las libertades individuales y un aumento del  control social.
El gobierno parece creer que el acceso a la marihuana impactará en un menor consumo de pasta base. Esta idea es a lo sumo una simplificación: los consumos problemáticos de sustancias son una problemática compleja y multicausal, pero sin duda las condiciones inhumanas de vida de buena parte de la población son un factor central. Aquellos jóvenes excluidos, violentados y sin posibilidades de acceso a un trabajo digno que recurren  a la pasta base lo hacen como escapismo a lo que tiene para ofrecer el capitalismo Creer que esto se arregla con legalizar la marihuana es querer tapar el sol con un dedo y Mujica actúa como un  ave rapaz que busca transformar  todo en una mercancía y en oportunidades de inversión para la gran burguesía.
Igualmente su preocupación para “combatir” el narcotráfico con esta medida no deja de ser un contrasentido en un país que es un paraíso fiscal para la llegada de capital de dudosa procedencia y que tolera el lavado de dinero que seguramente proviene de la actividad del narcotráfico.
Los marxistas revolucionarios estamos por la legalización de todas las drogas, tanto porque su consumo es una cuestión de libertad y elección personal, como porque la prohibición es la que genera un mercado paralelo del que se enriquecen algunos capitalistas que se dedican al negocio del narcotráfico.
El Estado debe  garantizar en forma totalmente gratuita políticas sanitarias y no represivas ni compulsivas para los adictos, control de calidad de los productos que se vendan, información veraz y científica sobre las cualidades y peligros de cada droga, incluso las actualmente legales como la nicotina o el alcohol.” 
Aún en el marco de esta ley que legaliza el consumo de canabbis tenemos claro que no es posible conquistar la absoluta libertad porque los desposeídos están obligados a subsistir vendiendo lo único que tienen, su fuerza de trabajo. Hasta que no se logre la emancipación del trabajo asalariado la conquista de derechos individuales será limitada.