Los municipales de Montevideo enfrentan al gobierno frenteamplista y sus personeros

Por Hernán Yanes

En los últimos dos meses y sobre todo a partir del paro general del pasado7 de octubre, la clase trabajadora uruguaya ha salido a luchar por aumentos de salarios, mejores condiciones laborales y en defensa de sus conquistas históricas.

Los judiciales que ocuparon la Suprema Corte de Justicia, los aduaneros con sus cierres de los pasos fronterizos, los bancarios y sus bloqueos al servicio del clearing, los cortes de ruta, las movilizaciones y paros de los trabajadores del Comercio, de los shoppings, supermercados y call centers, las marchas de los metalúrgicos y otros muestran la disposición de amplios sectores de la clase obrera de luchar para mejorar sus condiciones de vida debiendo enfrentarse con un gobierno considerado “de izquierda” pero que cada vez más muestra su defensa de un sistema que beneficia a la patronal y al imperialismo.

Frente a esta ola de conflictos los empresarios, los partidos tradicionales blanco y colorado piden mano dura mientras que el FA acusa a los trabajadores de estar manipulados por grupos de ultra izquierda que le hacen el juego a la derecha.

El Partido Comunista gobierna en Montevideo contra los trabajadores y al servicio de las empresas

Desde hace aproximadamente 45 días el sindicato de ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros Municipales) de Montevideo, comenzó con paros por aumentos salariales para los funcionarios de la Intendencia. Su reclamo pretende llevar el sueldo mínimo a 20000 pesos nominales a finales del quinquenio de gobierno, el equivalente a media canasta familiar.

La intendenta Ana Olivera, que asumió hace algunos meses y es integrante del Partido Comunista y del Frente Amplio rechazó desde un comienzo esta pretensión y se mantuvo firme en su negativa. Niega así el derecho básico de los trabajadores a cobrar un sueldo mínimamente digno, tratando su pedido de desmedido, mientras accede y favorece la contratación de empresas tercerizadas y ONGs que acumulan ganancias mientras pagan sueldos de hambre a sus trabadores precarizados.

Pero además aumentar los sueldos de los empleados municipales sería un peligroso precedente en un contexto en el que otros sectores tanto público como privados sostienen medidas de lucha por recomposición salarial, en un contexto económico de crecimiento y de todo tipo de medidas de “incentivo a las inversiones” como le gusta decir al presidente Mujica, que no es otra cosa que asegurarle más ganancias a los empresarios.

Como parte del conflicto municipal la ciudad comenzó a sentir los efectos de la medida al acumularse basura en sus calles y la comunista Ana Olivera con el apoyo explícito y total del Partido Comunista y todo el Frente Amplio no tuvo problema en decretar la esencialidad del servicio de recolección de basura y de guardavidas limitando el derecho a huelga y recurriendo a leyes que la derecha a través de Pacheco Areco puso en práctica a fines de la década del 60 y fueron antecedentes de la sangrienta dictadura.

Esta medida amenaza con despedir a los trabajadores que realicen paros en servicios considerados “esenciales” y es claramente un arma peligrosa para frenar la lucha, así como el reciente decreto de Mujica que impide ocupar edificios públicos y habilita la inmediata intervención policial.

Mujica militariza la recolección de basura. El Frente Amplio nuevamente muestra para quién gobierna

Aquellos que tenían alguna esperanza en un gobierno más de izquierda por el pasado guerrillero de Mujica pueden ver cómo, por el contrario, el presidente tupamaro avanza con más fuerza y autoritarismo contra las conquistas históricas de los trabajadores (como con sus ataques a los empleados públicos) y ofreciendo más ganancias para las patronales.

Su decisión de enviar a las tropas de las Fuerzas Armadas a levantar la basura frente al paro municipal, militarizando de hecho el conflicto, utilizándolas como rompehuelgas, es ceder al reclamo de la derecha y los empresarios y nos da una idea de cómo reacciona el gobierno cuando los trabajadores reclaman por sus derechos. Mujica aprovecha además para legitimar estas fuerzas, manchadas por los crímenes cometidos en la dictadura (que reivindican), como otro paso en la reconciliación que promueve desde que llegó al gobierno.

También debemos tener claro el papel del Partido Comunista del Uruguay, quien históricamente ha jugado un rol nefasto para el movimiento obrero, hoy, más allá de a la interna algunos posen más de combativos, todos cierran filas apoyando las medidas represivas de la intendenta “comunista”.

El PIT-CNT se aleja de las demandas obreras en su alineamiento con el gobierno

La central obrera PIT-CNT muestra su rol burocrático de correa de transmisión del gobierno en el movimiento obrero ya que frente al conflicto de los municipales, si bien ha defendido el derecho a huelga de los trabajadores se ha manifestado a favor del decreto de esencialidad de la Intendenta, quedando del lado contrario a la lucha obrera, del lado de la patronal.

Esta ubicación le valió un repudio merecido de la masiva asamblea de los municipales (unos 2500 trabajadores presentes sobre un total de un poco más de 8000) que tildaron al Secretario General de la central Juan Castillo de “traidor” por ponerse del lado de “su” compañera Ana Olivera.

En esta asamblea se puso en cuestión la continuidad del gremio municipal dentro del PIT-CNT.

Es necesario oponer a la burocracia sindical una política independiente

ADEOM tiene la posibilidad de llamar a rodear de solidaridad su conflicto y comenzar a dar pasos importantes en la necesidad de reagrupamiento de los sectores combativos, para que sean una verdadera alternativa a la burocracia sindical. No se puede sembrar ilusiones en los dirigentes del Partido Comunista ya que crearemos falsas expectativas y estaríamos frenando la experiencia de amplios sectores de las masas con el FA.

Hay que exigir, como lo ha votado la asamblea de ADEOM, un Paro Nacional de 24 hs en apoyo al conflicto de los municipales y por aumento de salarios en público y privados y contra el trabajo precario. Además debemos defender a todos aquellos trabajadores que no acataron la esencialidad frente a posibles represalias. Es necesario encarar una lucha que se exprese en las calles a través de la movilización masiva de toda la fuerza obrera. Solo así conseguiremos nuestros reclamos y la unidad del movimiento obrero.

SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE ADEOM

AUMENTO DE SALARIOS YA

FUERA LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS LUGARES DE TRABAJO

Ante el aumento de la conflictividad laboral

Mujica prohíbe las ocupaciones de dependencias públicas*
por : Karina Rojas

José Mujica junto al empresario español Florentino Perez como parte de su visita por España. La alegría que muestran sus rostros se debe a las promesas de inversión de Perez en el Uruguay.

En los últimos meses los trabajadores han emprendido distintas luchas por el salario y por mejores condiciones de trabajo aumentando significativamente los índices de conflictividad laboral, momento que tuvo su pico máximo el pasado 7 de octubre con el Paro General de 24 hs. Sobran los motivos para salir a la lucha: los bajos salarios, las formas de contratación precaria, el trabajo en negro, y además la posibilidad de incidir en las negociaciones salariales y en la votación del Presupuesto Quinquenal que realizará en estos días el Parlamento. Por otro lado cada vez queda más claro que plata hay: los índices macro económicos son positivos, los balances de las empresas muestran ganancias extraordinarias, el aumento del crecimiento económico es acompañado por un incremento en la brecha de desigualdad entre los sectores más ricos y los más pobres de la sociedad. O sea que el crecimiento no es igual para todos, como nos quiere hacer creer el gobierno de Mujica: la bonanza económica es para las empresas exportadoras, para los dueños de las tierras (cada vez más extranjerizadas) y para los agroexportadores, es para los bancos y las empresas de comercio y los servicios. Los capitalistas descorchan champaña este fin de año porque sus ganancias se han incrementado a costa de los salarios de miseria de los trabajadores y las precarias condiciones de trabajo garantizadas por el gobierno frenteamplista de Mujica, que aseguró una y mil veces que los inversores pueden estar tranquilos en Uruguay porque van a ganar fortunas y nadie va a cuestionar su riqueza. El Frente Amplio garantiza también la plata para el pago puntual de la deuda externa que cada vez crece más y que pagamos todos los uruguayos hipotecando nuestro futuro y el de las próximas generaciones.

El fracaso de las negociaciones salariales hizo también que diversos gremios hayan iniciado duros conflictos, tanto en el ámbito privado como público por recomposición salarial en algunos casos y contra la precarización laboral y por mejores condiciones de trabajo en otros: municipales de Montevideo y Canelones, docentes, trabajadores de la salud, controladores aéreos, funcionarios de la universidad, trabajadores bancarios, judiciales, recolectores de la basura, trabajadores de la construcción, de comercio, de la aduana, frigoríficos, arroceros, portuarios, etc etc.

Estas luchas han incluido en algunos casos acciones callejeras como importantes movilizaciones (como la del gremio de la construcción), ocupaciones de dependencias estatales (como en el caso de los judiciales) y piquetes para impedir el comercio exterior y la utilización de carneros (como sucedió en el puerto de Montevideo).

Pese a la demostración de fuerzas que viene dando la clase trabajadora, los dirigentes sindicales del PIT-CNT se vienen negando a unificar las luchas, evitando unir los reclamos obreros en una gran lucha nacional por el salario y contra la precarización laboral. Así desgastan las energías de la clase obrera, permite que los gremios luchen y negocien por separado, cuando estamos ante la oportunidad de pegar con un solo puño, ya que el gobierno viene golpeado por el incremento de la conflictividad obrera y por las divisiones al interior del Frente Amplio sobre temas candentes como discusiones sobre la Ley de Caducidad además de los casos que salpican a figuras del gobierno como la votación que permitió la clausura del expediente de los Peirano o las omisiones en las declaraciones juradas patrimoniales del ex vicepresidente Nin Novoa.

La burocracia sindical (con el Partido Comunista a la cabeza) vuelve a actuar frenando la combatividad obrera, planteando que el eje de la lucha no debe ser “contra el gobierno” y negociando muchas veces migajas para proteger al gobierno frenteamplista.

Mujica se alía a la derecha contra los trabajadores

  Frente a las medidas de acción directa de los trabajadores como las ocupaciones y los piquetes, la derecha expresada en los partidos Nacional y Colorado y las cámaras empresariales salieron con los tapones de punta condenando la radicalidad de la protesta, rechazándolas por desmedidas y exigiendo “mano dura” al gobierno contra los “excesos” de los trabajadores.

Parece que Mujica escuchó estos reclamos (no los de los trabajadores sino los de la derecha recalcitrante) y actuó en consecuencia llamando a los trabajadores a la reflexión en pos de no espantar las inversiones extranjeras. Pero además arremetió contra el derecho más elemental de los trabajadores, el derecho a la huelga, ya que ha firmado un decreto donde dice expresamente que ante una ocupación de alguna dependencia pública se procederá a autorizar a las fuerzas policiales a que desalojen el edificio para garantizar su normal funcionamiento. Toda una muestra de que el gobierno de Mujica está al servicio de los empresarios que se están llenando de plata los bolsillos y contra los trabajadores que reclaman nivelar sus ingresos.

Esta disposición del ex tupamaro causó sorpresa y repudio en amplios sectores de las bases frenteamplistas. Sin embargo es coherente con su disposición de aumentar los fondos para las fuerzas represivas, además de la operación de reconciliación con las Fuerzas Armadas que viene haciendo desde que asumió, hace diez meses. Junto con la política carcelaria y la baja de la edad de imputabilidad de los menores, son todas medidas que intentan ubicar y jerarquizar a las fuerzas represivas, dotarlas de legitimidad y aumentar su poder de fuego frente al incremento de las luchas obreras. Como todo gobierno al servicio de los capitalistas, necesita de estas fuerzas para usarlas contra las luchas obreras y populares.

La respuesta del sindicalismo oficialista fue siniestra: más allá de algunas declaraciones a la prensa a nadie se le ocurrió realizar una demostración de fuerzas en las calles, aprovechar la disposición de lucha y de movilización para poner en pie un movimiento que se declare firmemente en contra de este avasallamiento a los derechos más elementales por parte de un gobierno que supuestamente es de izquierda.

Hay que exigir a la dirigencia sindical la realización de asambleas en todos los lugares de trabajo, sean públicos o privados, porque esto es un ataque para todos, la base tiene que decidir, todos tenemos que participar. Hay que votar un repudio generalizado a este decreto reaccionario “antitoma” y demostrarlo en las calles, hay que exigir el llamado a un Congreso Nacional de Delegados de Base de todo el movimiento obrero elegidos de forma democrática por las bases en todos los lugares de trabajo, para borrar las diferencias entre público y privado, efectivo y contratado, precarizado y eventual, trabajo en negro, que todos puedan participar y decidir un plan de lucha unificado con una clara definición de independencia política del movimiento obrero. Es necesario luchar por:

• Aumento de salarios a nivel de media canasta familiar
• Presupuestación de todos los contratados y precarizados
• Basta de trabajo en negro
• A igual tarea, igual salario
• Que el gobierno deje de pagar la deuda externa y ponga ese dinero en los presupuestos de salud y educación
• No a la Reforma del Estado que flexibiliza aún más la fuerza de trabajo
• Expropiación y estatización sin pago y bajo control obrero de toda fábrica que cierre o pretenda despedir a su plantilla.

* Esta nota ha sido reproducida por la Fracción Trotskista - Cuarta Internacional (FT-CI)

en su sitio web http://www.ft-ci.org/

Movilización y acto por Mariano Ferreyra

Video del acto realizado el viernes 12 de noviembre en la embajada de argentina en Montevideo.

Ante el debate sobre la Ley Interpretativa:

Cómo acabar con la Impunidad en Uruguay

En los últimos meses observamos cómo los políticos de todos los partidos, juristas, periodistas y militares debaten y discuten los alcances de una ley interpretativa de la Ley de Caducidad que supuestamente terminará con la impunidad. Pero la ley que impulsa el gobierno es para no hacer lo que verdaderamente deberían hacer que es anular la Ley de Caducidad, aprovechando la mayoría parlamentaria que todavía mantienen.

El proyecto de ley, aunque podría habilitar el acceso a que quienes fueron torturados durante la dictadura puedan denunciarlo, tiene los mismos vicios jurídicos que la ley que quiere dejar sin efecto, lo que no garantiza su viabilidad y daría incluso posibilidad a los mismos militares a presentar innumerables amparos para evitar ser juzgados.

Sin embargo el FA no pudo sumar los votos suficientes para votarla en el Senado (porque los mismos frenteamplistas se dieron vuelta) por lo que ahora mandaron la ley “al cajón de los recuerdos” y patean la discusión para… ¡marzo del año que viene!

Ya hay voces del mismo partido de gobierno que quieren volver a llevar la lucha contra la impunidad hacia el callejón sin salida de una nueva consulta popular, confiando en mecanismos de esta democracia, totalmente manipulados y controlados. ¡Basta! La lucha por nuestros caídos, el repudio a la dictadura y la exigencia de justicia NO se plebiscitan!! Estamos convencidos de que el fin de la impunidad solo será posible con la más amplia movilización en las calles, independiente del gobierno y el régimen.

Las organizaciones populares, los organismos de derechos humanos y todos quienes luchamos por acabar realmente con la impunidad, no debemos dejarnos engañar y pensar ingenuamente que un nuevo plebiscito significará el Juicio y Castigo para todos los culpables.

Los partidos del régimen quieren garantizar la impunidad

Tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional son los voceros de la derecha más rancia, defendiendo la aplicación de la Ley de Caducidad, oponiéndose a que cualquier medida tenga un efecto retroactivo en el tiempo, y todo en pos de preservar la famosa “seguridad jurídica”. Lacalle, Ana Lía Piñeyrúa y Bordaberry entre otros han salido con los tapones de punta a defender la impunidad de sus amigos, los milicos represores. Y han sacado a relucir la teoría de los dos demonios, como la idea de que lo que pasó fue un “enfrentamiento irracional” entre dos bandos armados, justificando así el accionar represivo.

Pasó también el escándalo a partir de las nefastas declaraciones del Jefe del Ejército Jorge Rosales, quien se opuso a la sanción de la misma defendiendo la vigencia de la Ley de Caducidad. Claro, no quiere que sus “camaradas” tengan que pasar por los tribunales. Y, como no podía ser de otro modo, los ex presidentes Sanguinetti y Battle por un lado, y los militares retirados por otro han manifestado su oposición a que se siga insistiendo con el juicio a los responsables de la última dictadura, y todos hicieron un frente único a favor de la impunidad.

Pero también sectores al interior del Frente Amplio como Nin Novoa, Saravia, Fernández Huidobro y otros han manifestado su negación a votar por la Ley Interpretativa. Pero no hay que confundirse: ellos no son la “excepción” de derecha en el Frente Amplio. Dentro de esta coalición todos se cuidan por permanecer juntos, tanto las expresiones más de derecha que representan a los sectores más acomodados y reaccionarios de la sociedad (los patrones y dueños de las fábricas, frigoríficos y curtiembres, los grandes terratenientes, los Fripur, los Manini Ríos y los López Mena, que en otros momentos apoyaron los gobiernos blancos y colorados) como las corrientes internas que de la boca para afuera se oponen a seguir garantizando la impunidad, como el Partido Comunista, que en el movimiento obrero siempre intentan llevar toda lucha al terreno institucional evitando lo más posible la lucha y acción directa (lo vimos en el último paro general de octubre). Todos son el Frente Amplio, y justamente este es el sentido de ser de esta amplia coalición: lograr ejercer una representación y una convivencia pacífica entre sectores aparentemente tan contrarios.

El gobierno de Mujica con sus acciones, omisiones, conductas y declaraciones demuestra que no quiere la condena a la dictadura, todo lo contrario, ha dado movimientos explícitos por la reconciliación y el perdón, por “dar vuelta la página” y dejar este tema en el pasado. Así lo ha dicho Mujica, traicionando la lucha y la memoria de sus propios compañeros asesinados y torturados, hoy insiste en una supuesta pacificación que no es más que una forma de no condenar el accionar represivo del estado en el pasado y de paso dejar la puerta abierta para que esto pueda volver a suceder. En realidad, desde el Pacto del Club Naval en adelante, el FA ha dado claras señales de que no está dispuesto a ir a fondo para condenar a los responsables civiles y militares.

Si hoy están tratando esta ley de interpretación es porque no quieren quedar escrachados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si Uruguay no resuelve la situación a partir de la vigencia de la Ley de Caducidad podría ser sancionado y catalogado al mismo nivel que países como Colombia, por ejemplo, donde sistemáticamente se violan los derechos humanos.

Por eso buscan con negociaciones por arriba, ya sea dentro del Frente Amplio como con la oposición y fundamentalmente con el sector castrense, consensuar un proyecto de ley que limite lo más posible cualquier atisbo de enjuiciamiento dejando bien en claro que si alguno va preso va a estar en una cárcel VIP llenos de privilegios y comodidades; mientras las cárceles se llenan de hijos de los sectores obreros y populares, hacinándose en condiciones inhumanas que ya fueron denunciadas internacionalmente. Son negociaciones para mantener la impunidad, juzgando a unos pocos (y los más reconocidos) militares asesinos y torturadores, desconociendo totalmente la voluntad popular y el sentimiento de justicia que todavía, a más de 30 años, persiste en los trabajadores y en amplios sectores de la sociedad uruguaya.

Esta es lamentablemente la verdadera cara del gobierno “de izquierda” que quiere hacernos creer que va a acabar con la impunidad cuando en realidad pretende lavarse la cara permitiendo algunos de los juicios más emblemáticos (como el caso Gelman). Un gobierno que trata de no asustar a asesinos confesos, apologistas de la dictadura y del Terrorismo de Estado.

El conjunto del régimen político, desde el Pacto del Club Naval a esta parte, mantiene a raya la pelea por develar el siniestro plan sistemático de persecución y aniquilamiento de la vanguardia obrera y popular que se dio a partir de la dictadura cívico-militar, que centralmente en nuestro país se basó en la cárcel de miles de luchadores sindicales, barriales y estudiantiles, y que fue parte de un plan mayor, el Plan Cóndor, un plan de exterminio en toda la región.

Reconciliación para preservar a las Fuerzas Armadas

Desde la reapertura democrática todos los partidos del régimen nos hicieron creer que la lucha no era con la movilización en las calles sino a través de las instituciones de esta “democracia” y que con los referéndums y plebiscitos podríamos satisfacer nuestro reclamo de justicia. Ellos han querido en todos estos años que el tema se dilate, que la sociedad se acostumbre a que los asesinos y torturadores puedan caminar por la calle libremente, a tener que escucharlos vociferar sus discursos fascistas los días 14 de abril defendiendo la teoría de la “lucha contra la sedición”. Han intentado que nos cansemos de exigir justicia. Sin embargo nosotros sabemos que el único camino para juzgar todos los crímenes de la dictatura, asesinatos, torturas, desapariciones, exilios forzados, delitos económicos, etc., es la lucha y la movilización independiente de los trabajadores y el pueblo.

Sabemos que la sanción de una ley no garantiza en sí mismo que vayan a juzgar a los militares ni que los jueces actúen “de oficio” desarchivando causas ya cerradas, ni que se impulsen los juicios, ni que se den garantías a las víctimas, nadie quiere esto, solo pretenden realizar algún cambio cosmético presionados por circunstancias “internacionales” y favoreciendo la cooptación de determinados sectores de los derechos humanos y dar así una respuesta final a este tema tan sentido por todos.

Ya tenemos el caso de Argentina donde se derogaron las leyes de Obediencia debida y Punto final, pero eso no sirvió para impedir que hicieran desaparecer a Jorge Julio López o que asesinaran Silvia Suppo. La operación política fue juzgar a unos pocos militares, los más emblemáticos y mantener intacta la estructura de los genocidas que hoy continúan en actividad en distintas fuerzas de seguridad. Esta operación sirvió al mismo tiempo para cooptar a las principales organizaciones de DDHH de ese país y así desviar y fragmentar al movimiento de DDHH en su pelea por acabar definitivamente con la impunidad de los militares genocidas y la complicidad de los civiles. El objetivo último es el de intentar represtigiar a las fuerzas armadas, mediante la “reconciliación”, para ser utilizadas cuando se precisen.

El Frente Amplio también tiene los mismos objetivos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el FA en el poder (y ya en su segundo período) se convirtió en administrador de los negocios de los capitalistas, ya sean estos extranjeros o nacionales, y se dedica a votar leyes que los favorezcan y a garantizar sus márgenes de ganancias con exenciones impositivas, manteniendo a raya el reclamo de aumento de salarios, desatendiendo las causas populares y continuando el religioso pago de la deuda externa a los organismos financieros internacionales. Para este proyecto de país necesita de los servicios de las Fuerzas Armadas que son uno de los pilares fundamentales de este estado. Necesitan a las fuerzas represivas prontas y amigadas con la sociedad para sacarlas a las calles ante cualquier manifestación popular que cuestione el sistema. Más aún, si la crisis económica internacional comienza a repercutir negativamente en nuestro país veremos cómo el gobierno de turno decide utilizar la represión para acallar los reclamos de los trabajadores contra los salarios de hambre, de los estudiantes por mayor presupuesto, de los cooperativistas, de los jubilados, etc.

Por eso sabemos que todo el sistema político apunta en el sentido de sellar la impunidad y “cerrar las heridas del pasado” para que podamos reconciliarnos con aquellas fuerzas armadas que ayer perpetraron el golpe y cometieron todo tipo de crímenes de lesa humanidad, y hoy se mantienen con personal formado por los viejos fascistas y que se expresa en la prepotencia y el abuso de autoridad que vimos, por ejemplo, en el caso de Piriápolis y en tantos otros aprietes sistemáticos contra la juventud y que están olvidados por los medios masivos de comunicación. Si hasta organizan torneos de deporte y todo tipo de actividades sociales junto al Comando del Ejército, haciéndolos pasar como “militares buenos y al servicio de la comunidad”. Si esto no es reconciliación, ¿qué es?

Insistimos, el problema de la ley Interpretativa no es la redacción, si le sacan una coma o le agregan un punto, si es genérica o se aplica a cada caso; el problema es que es una ley hecha y negociada entre cuatro paredes para no quedar mal ante la CIDH.

Debemos redoblar la lucha contra la impunidad y los intentos de reconciliación

Sabemos que lo que se ha conseguido hasta la fecha fue solo producto de la lucha que nunca hemos abandonado y la movilización en las calles: marchas, escraches, concentraciones, mesas de debate y reflexión, actividades culturales, todas fueron expresiones populares del reclamo de cárcel a los militares que todavía sigue vivo en nuestro pueblo.

Por eso para meter en cana a estos asesinos es necesario redoblar la lucha en las calles, discutiendo en cada lugar de trabajo, en cada liceo y facultad, en cada oficina pública, debatiendo democráticamente, desde abajo, qué pasos damos para impulsar una masiva movilización y todo tipo de acciones por el juicio y castigo. Tanto los trabajadores, que venimos de realizar un paro general, como los estudiantes que también se han movilizado por el 6% para la educación tienen la fuerza para impulsar en común una importante movilización. Hay que imponérsela a las direcciones sindicales y estudiantiles, que son la correa de transmisión de la política frenteamplista en nuestras organizaciones.

Hace falta impulsar la organización de quienes estuvieron presos, quienes fueron torturados, quienes sufrieron abusos y violaciones sexuales (como muchas mujeres), quienes fueron víctimas de vejámenes y malos tratos, y a los familiares directos y rodearlos de solidaridad. Hay que desarrollar una gran movilización para juzgar a los militares por todos los crímenes, para que se protejan a los testigos y a las víctimas: reparación es también garantizar que puedan sentirse seguros y contenidos ya que la herida es profunda y ha calado hondo en nuestra sociedad. Hace falta abrir los archivos de la dictadura para saber los nombres de quiénes participaron. Hay que permitir la excavación de fosas para saber el destino de nuestros desaparecidos.

Está en nuestras manos continuar la lucha por:

• Anulación ya de la Ley de Caducidad


• Juicio y Castigo a todos los culpables


• Cárcel común para los responsables del Terrorismo de Estado


• No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos


• Nunca más Terrorismo de Estado

Grupo simpatizante de la

Fracción Trotskista – Cuarta Internacional (FT-CI) en Uruguay

Lea http://debatemilitante.blogspot.com/

Ante el asesinato de Mariano Ferreyra

Declaración

Desde el Grupo simpatizante de la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional (FT-CI) en Uruguay nos hacemos presentes en este Acto** para expresar nuestro más enérgico repudio a la represión sufrida por los trabajadores ferroviarios que dejó el saldo de un joven compañero asesinado a manos de una patota de la burocracia sindical perteneciente a la Lista Verde y encabezada por Pedraza.


Este terrible hecho se dio en el marco de una tenaz lucha de los sectores más precarizados de los ferrocarriles que están reclamando por mejores condiciones de trabajo y contratación, por que dejen de ser considerados trabajadores de “segunda o tercera categoría”, por tener los mismos derechos que los efectivos, es decir una lucha contra la precarización laboral y contra las leyes neoliberales votadas en tiempos de Menem y De la Rua. Son los “por agencia”, los contratados, los tercerizados quienes se encuentran peleando contra una patronal defendida por el kirchnerismo y por la burocracia sindical, que no solo boicoteó en todo momento su lucha sino que ha llegado a acciones como éstas.

Los compañeros trabajadores, que son expresión del llamado “sindicalismo de base”, pese a las restricciones y la inestabilidad de su condición laboral, pudieron organizarse, juntarse a debatir, votar un plan de lucha en asamblea, de forma democrática, y esto es lo que le da bronca a estos matones: que el movimiento obrero se organice y pelee por sus derechos.

Es demostración también de la unidad obrero estudiantil que sectores del movimiento obrero argentino han comenzado a forjar con los estudiantes combativos, que también han salido a luchar por mayor presupuesto para la educación generándole una crisis de importancia al gobierno kirchnerista. Mariano, el joven fallecido de un balazo, era estudiante de la FUBA y se había solidarizado con la lucha obrera.

El brutal ataque demuestra una vez más que estos dirigentes sindicales, no solo no defienden los derechos de los trabajadores sino que tienen miles de lazos económicos y políticos con los patrones. Son los famosos dirigentes sindicales “empresarios” que manejan millones de pesos a partir de la administración de las obras sociales y que viven de la coima y los negociados. Son los que Cristina Kirchner saludó y alabó hace pocos días en un acto, agradeciendo los servicios prestados a las patronales y al gobierno. No nos extraña de esta burocracia sindical que entregó las famosas “listas negras” en la dictadura, marcando a los activistas y militantes de izquierda en las fábricas y lugares de trabajo.

¡TENEMOS QUE ACABAR CON ESTA MALDITA BUROCRACIA SINDICAL!

¡EXIGIMOS QUE SE ESCLAREZCA EL HECHO Y QUE SE JUZQUEN A LOS RESPONSABLES!

HACEMOS RESPONSABLE A LA PRESIDENTE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER Y A LA POLICIA QUE LIBERÓ LA ZONA DE LO OCURRIDO.

¡BASTA DE PERSECUSION Y REPRESION A LOS QUE LUCHAN!

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES FERROVIARIOS Y DE TODA LA CLASE OBRERA!







GRUPO SIMPATIZANTE DE LA FT-CI EN URUGUAY

**Esta declaración fue leída en el acto del día jueves 21 de octubre en la plaza libertad.